La Federación de Consumidores y Usuarios CECU, junto a su miembro la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV), ha lanzado una advertencia sobre una práctica preocupante adoptada por algunas compañías aéreas. Desde mayo, ambas organizaciones alertaron a la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de que ciertas aerolíneas están rechazando recibir notificaciones y reclamaciones enviadas por los usuarios. Esta estrategia ha provocado que muchos procedimientos judiciales sean archivados, dejando a los consumidores sin la compensación adecuada.
Según CECU, esta práctica no solo vulnera los derechos de los usuarios del transporte aéreo, sino que también duplica el perjuicio que sufren. En primer lugar, son víctimas del incumplimiento de la aerolínea y, en segundo lugar, se ven privados de una justa indemnización, ya que sus casos son desestimados debido a la falta de notificación efectiva a las compañías.
La AESA ha manifestado que no considera esta práctica como una infracción de los reglamentos que supervisa, por lo que no tiene autoridad para intervenir o sancionar a las aerolíneas implicadas. Ante esta situación, CECU ha decidido elevar la cuestión al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, solicitando una reunión para abordar el problema y buscar una solución que ponga fin a estas conductas abusivas.
CECU califica como insólito que aerolíneas que operan en España, utilizando los aeropuertos nacionales y generando conflictos con ciudadanos españoles, no puedan ser emplazadas en ninguna dirección del país. Según la federación, estas empresas evaden su responsabilidad indemnizatoria al evitar recibir cualquier tipo de comunicación relacionada con reclamaciones o demandas de los usuarios. «Estos hechos son extremadamente graves y requieren la intervención inmediata de todas las administraciones competentes«, afirmó Miguel Crespo, abogado de CECU.
La federación insiste en la necesidad de que las autoridades tomen medidas para detener estas prácticas que, según ellos, lesionan gravemente los derechos de los consumidores y usuarios del transporte aéreo en España.
