La Comisión Europea ha tomado la decisión de enviar un fuerte recordatorio a España, manifestado a través de un dictamen motivado (INFR(2022)2001). Este llamado se produce debido al incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 34 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que se refieren a la libre circulación de bienes y servicios, así como a los Reglamentos (UE) n.º 2018/1139 y (UE) n.º 1178/2011 relacionados con la aviación civil y las organizaciones de formación de pilotos.
El motivo central de esta acción se relaciona con los requisitos que España ha impuesto en relación con la matriculación de todas las aeronaves con base en su territorio, incluso las ya matriculadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Estos requisitos, a juicio de la Comisión, representan una carga administrativa significativa para los propietarios de aeronaves y se consideran contrarios a los principios de libre circulación de bienes y servicios, que están garantizados por los artículos 34 y 56 del TFUE.
La Comisión había expresado sus preocupaciones sobre este asunto en una carta de emplazamiento enviada a España en abril de 2022. Sin embargo, tras revisar la respuesta proporcionada por España a esta carta, la Comisión no encontró completamente satisfactorias las medidas tomadas por el país. En consecuencia, se ha emitido un dictamen motivado, instando a España a tomar medidas adecuadas para cumplir con las normativas vigentes.
España dispone de un plazo de dos meses para responder a este dictamen motivado y, en última instancia, implementar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en los tratados y reglamentos de la Unión Europea. En caso de que no se tomen acciones adecuadas en el plazo establecido, la Comisión podría optar por llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que podría resultar en consecuencias legales para España en materia de aviación civil.
