La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados tiene este martes en su orden del día, entre otros, el debate y votación de la proposición no de ley relativa a la paralización de la privatización de torres aeroportuarias presentada por los grupos parlamentarios Euskal Herría Bildu y Republicano.
El mes pasado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) sometió a consulta pública de ciudadanos, organizaciones y resto de agentes sociales la Orden Ministerial que permitirá a Aena licitar la gestión del servicio de control aéreo de siete nuevas torres. En un plazo, que concluye el próximo jueves, se pueden presentar alegaciones y comentarios al proyecto de Orden Ministerial con la que se busca continuar con la apertura del servicio de control aéreo a proveedores privados, tal y como ha solicitado el gestor aeroportuario.
La futura Orden Ministerial permitirá a Aena licitar los servicios de tránsito aéreo de las torres de los siguientes aeropuertos: Bilbao, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Santiago-Rosalía de Castro, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y Tenerife Sur. “Esta medida, reclamada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en diversas ocasiones y recomendada por la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, permitirá avanzar en el proceso iniciado en 2010 y que ha supuesto mejoras significativas en términos de calidad y eficiencia”, según el Ministerio, que subraya que “el objetivo es mejorar la competitividad de nuestros aeropuertos, manteniendo unos niveles óptimos de calidad y seguridad y, en última instancia, beneficiar a los usuarios del transporte aéreo”.
Sin embargo, la privatización es criticada por diversos partidos, entre ellos, por Unidas Podemos, socio de gobierno del PSOE y de la investidura del presidente del Ejecutivo, como los representados por los grupos parlamentarios que presentan la proposición no de ley que este martes se somete a debate y votación.
También los profesionales que integran la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) se han mostrado abiertamente contraria a la liberalización de otras siete torres de control aéreo y han anunciado que van a intentar parar el proceso iniciado por el Ministerio. «No damos por perdida esta lucha. Sabemos que es difícil, pero se pueden echar muchas leyes y órdenes ministeriales atrás; no sería la primera vez. No vamos a hacer como en 2010 y permitir que las torres se liberalicen sin reaccionar», asegura la secretaria de Comunicación del sindicato, Susana Romero.
