Aena ha advertido de que la proposición de ley para la cogestión de los aeropuertos de interés general de las Islas Baleares presenta, a su juicio, previsiones incompatibles con el marco legal vigente, después de que el Gobierno de España haya retirado el veto que había planteado a su tramitación parlamentaria.
La retirada del veto permite que la iniciativa remitida por el Parlamento Balear pueda ser tomada en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados y, posteriormente, iniciar su tramitación parlamentaria. Aena subraya, no obstante, que este paso no implica que la proposición vaya a ser finalmente aprobada por las Cortes Generales.
La compañía señala que mantiene un seguimiento de las decisiones que puedan afectar a los aeropuertos de su propiedad y de sus posibles efectos sobre la sociedad. En este contexto, su análisis jurídico de la iniciativa pone el foco en las competencias sobre los aeropuertos de interés general y en el actual modelo de gestión de la red aeroportuaria española.
Según Aena, el artículo 149.1.20 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. Las competencias normativas, de supervisión y regulación corresponden, por tanto, al Estado y se desarrollan principalmente a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
La compañía recuerda que las comunidades autónomas sí disponen de competencias que afectan a la actividad aeroportuaria, entre ellas las relacionadas con el planeamiento urbanístico, la gestión medioambiental, la ordenación del transporte terrestre, la intermodalidad, la promoción y el desarrollo económico y el turismo.
Aena defiende el modelo de red
Otro de los puntos centrales de las objeciones de Aena es el modelo de gestión aeroportuaria de red establecido en la Ley 18/2014. La compañía considera que este sistema resulta incompatible con una regulación singular del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Islas Baleares que le otorgase capacidad para adoptar decisiones vinculantes sobre materias cuya competencia corresponde al Estado.
Aena sostiene que el actual modelo de red se basa en el principio de solidaridad económica, por el que los aeropuertos con mayor actividad contribuyen a financiar aquellos con menor tráfico, pero considerados relevantes desde el punto de vista del interés general y la cohesión territorial.
Según la compañía, este esquema permite mantener una prestación de servicios eficiente y de calidad, garantizar inversiones en las diferentes infraestructuras aeroportuarias en condiciones de igualdad y mantener un sistema de tarifas homogéneo y competitivo en toda la red. La compañía vincula este modelo con los principios de igualdad y solidaridad recogidos en los artículos 138 y 139 de la Constitución y considera que una gestión diferenciada de determinados aeropuertos podría entrar en conflicto con esta estructura.
Aena recuerda asimismo que la participación de las comunidades autónomas en los aeropuertos está contemplada en el actual marco normativo, aunque considera que debe desarrollarse mediante un modelo común para todas ellas y dentro del marco constitucional vigente.
La compañía asegura tener plena confianza en que las Cortes Generales gestionarán la proposición de ley garantizando su adecuación al marco constitucional. Al mismo tiempo, señala que continuará analizando la evolución de la iniciativa y que, si fuera necesario, adoptará las medidas que considere oportunas para defender la aplicación de la legalidad vigente, el interés societario de Aena y los derechos de sus accionistas, tanto públicos como privados.
