El Gobierno, reunido en Consejo de ministros, aprobó este martes, como estaba previsto, el plan aeroportuario español elaborado por Aena para los próximos cinco años sin la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Pierde así el aeródromo barcelonés una inversión de 1.700 millones de euros, mientras que Barajas recibirá una inversión de 1.600 millones de euros para su ampliación.
El Gobierno tenía que aprobar antes de final de mes el segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el periodo 2022-2026, en el que Aena incluye un volumen de inversión regulada de 2.250 millones de euros para el total del periodo y que contempla las actuaciones necesarias de ampliación de capacidad en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.
El DORA es el instrumento a través del cual se definen las condiciones mínimas necesarias para que las compañías aéreas puedan acceder a las infraestructuras aeroportuarias (pistas de aterrizaje o terminales) y a una serie de servicios básicos (limpieza, seguridad o handling) de la red de aeropuertos de Aena. Este documento se define cada cinco años e incluye también una previsión de las tarifas que las compañías aéreas deberán pagar a Aena por la utilización de ciertos servicios. Dichas tarifas se repercuten posteriormente en los billetes de los viajeros a través de las llamadas tasas aeroportuarias.
Entre los objetivos estratégicos que guiarán la actuación de Aena en el periodo 2022-2026, cabe destacar la recuperación del tráfico y la gestión eficiente de la red aeroportuaria en términos de seguridad y calidad, la sostenibilidad medioambiental como eje vertebrador de las actuaciones y la innovación como pieza esencial para la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio.
Mediante el DORA 2022-2026, el Gobierno establece una congelación de la senda tarifaria de Aena durante los próximos cinco años, lo que sitúa las tarifas de Aena entre las más competitivas, y contribuirá a atraer nuevas compañías y a la recuperación del sector del transporte aéreo.
Además, el compromiso con la sostenibilidad medioambiental se medirá con la incorporación de seis nuevos indicadores medioambientales que completarán los estándares de calidad del servicio del DORA 2022-2026. En materia de inversiones y con objeto de potenciar la sostenibilidad en la red de Aena, se llevará a cabo el ambicioso Plan Fotovoltaico, que permitirá a Aena la autogeneración de toda su energía eléctrica en 2026.
Ampliación de El Prat
El documento no incluye la inversión de 1.700 millones de euros prevista para el aeropuerto de El Prat ante la falta de apoyo del gobierno autonómico de la Generalitat de Cataluña, según anunció hace tres semanas la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, en la Delegación del Gobierno en Cataluña.
El anuncio de la exalcaldesa de Gavà y ahora ministra del Mitma llega después de que el gobierno autonómico asegurara que no avalaría una ampliación del aeropuerto que “destroce” la laguna de La Ricarda y de que ERC haya decidido acudir a la manifestación convocada para el 19 de septiembre contra el proyecto de Aena.
La ministra evocó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y la Generalitat para crear un hub intercontinental con potentes externalidades positivas para la economía de Cataluña, por medio de la atracción de inversiones, centros de excelencia empresarial, centros de investigación, grandes acontecimientos internacionales, congresos y eventos similares. “Un proyecto para la generación de 365.000 empleos totales, una contribución de casi el 9% del PIB y una inversión de 1.700 millones de euros”, dijo la ministra.
“Por esta razón confieso que las declaraciones públicas tanto del presidente de la Generalitat, como las de su portavoz nos han sorprendido muchísimo. Transcurrido algo más de un mes desde que hicimos público dicho acuerdo, consideramos que el pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza manifiesta. Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como éste sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat”, añadió la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
“Es evidente que la Generalitat de Cataluña no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión. En los últimos días su gobierno ha cambiado su posición. Incluso hemos conocido que miembros del mismo puede que asistan a la manifestación del día 19 en contra de este proyecto” agregó la ministra.
Pero es que, además del desacuerdo entre el Gobierno del Estado y el Ejecutivo autonómico, ha sido patente el enfrentamiento que la ampliación del aeropuerto barcelonés había suscitado dentro del propio Consejo de ministros. Y así, mientras la titular del Mitma considera “una pérdida de oportunidades” en un momento en que estamos centrados en la recuperación económica, otra ministra, la de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, celebra la suspensión de la ampliación “porque era un proyecto depredador e invasivo” y asegura que “ha trabajado en silencio para impedir la ampliación del aeropuerto”.
A primeros del pasado mes de agosto, la ministra Raquel Sánchez y el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, coincidieron en la necesidad de que el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se convierta en los próximos años en un hub internacional con una inversión de 1.700 millones de euros. La ministra resaltó las grandes cifras de este acuerdo: “Generará 83.000 empleos directos y 365.000 empleos en total y representará 8,9 puntos del PIB en Cataluña y 2,1 en PIB nacional”.
Pero se deshizo el acuerdo entre Gobierno y Generalitat y, lo que es más sorprendente, con el desacuerdo en el propio Consejo de ministros se suspendió, al menos por cinco años, la ampliación del aeropuerto de Barcelona.