La Comisión Europea ha aprobado varias medidas de ayuda francesas concedidas entre 2001 y 2012 a favor de los aeropuertos franceses de Beauvais y La Rochelle. Sin embargo, en el caso de este aeropuerto, la CE constata que Ryanair y Jet2 recibieron ayudas estatales ilegales, por lo que Francia debe recuperar ahora los importes de la misma, que en el caso de Ryanair son unos 8,4 millones de euros y en el de Jet2 81.000 euros.
Entre 2001 y 2012, las autoridades públicas regionales y locales francesas concedieron subvenciones a la inversión (en forma de tres programas de inversión para la modernización y construcción de infraestructuras en el aeropuerto de Beauvais) y al funcionamiento (en forma de subvenciones directas, anticipos de tesorería y subvenciones parciales pago de gastos vinculados a la promoción del turismo) a los operadores del aeropuerto de Beauvais.
La Comisión consideró que parte de estas subvenciones -uno de los tres programas de inversión, las subvenciones de funcionamiento, parte de los anticipos de tesorería y el pago parcial de los gastos vinculados a la ejecución de un plan de desarrollo turístico- no constituían ayuda estatal, en particular en la medida en que ya que estos gastos estaban vinculados al ejercicio de actividades no económicas (por ejemplo, actividades vinculadas a la seguridad aeroportuaria) y, en consecuencia, no estaban cubiertos por la legislación de la Unión sobre ayudas estatales.
La otra parte de las subvenciones -es decir, los otros dos programas de inversión y parte de los anticipos de tesorería- sí constituían ayudas estatales, pero la Comisión concluyó que eran compatibles con las normas aplicables a las ayudas estatales a aeropuertos y líneas aéreas. En su evaluación, la Comisión tuvo especialmente en cuenta el hecho de que la ayuda era especialmente necesaria y proporcionada para facilitar el desarrollo económico del aeropuerto de Beauvais y no distorsionaba significativamente la competencia con otros aeropuertos de la Unión, incluidos los vecinos aeropuertos parisinos de Roissy y Orly.
Por último, la Comisión consideró que ninguno de los contratos de servicios aeroportuarios celebrados entre el aeropuerto de Beauvais y unas 10 compañías aéreas constituía ayuda estatal, en la medida en que las condiciones contractuales no iban más allá de lo que un operador aeroportuario con ánimo de lucro habría estado dispuesto a ofrecer en las mismas circunstancias como los operadores del aeropuerto de Beauvais.
Por otra parte, entre 2001 y 2012, las autoridades regionales y locales francesas firmaron varios acuerdos financieros con el aeropuerto de La Rochelle. La Comisión consideró que algunas de estas medidas no constituían ayuda estatal. En relación con la supuesta subfacturación de los servicios prestados por el servicio general de la Cámara de Comercio e Industria (CCI) de La Rochelle a su servicio aeroportuario de 2006 a 2012, así como la supuesta sobrefacturación de los servicios prestados por el aeropuerto de La Rochelle al gestor público del aeropuerto de Rochefort, la Comisión llegó a la conclusión de que estos gastos no conferían una ventaja económica al aeropuerto de La Rochelle porque se basaban en un precio de mercado. En cuanto a las subvenciones concedidas por el Estado francés para cubrir las denominadas misiones soberanas del aeropuerto de La Rochelle, la Comisión consideró que se referían al ejercicio de actividades no económicas (por ejemplo, actividades relacionadas con la seguridad aeroportuaria), y por tanto no, no estaban cubiertos por el Derecho de la Unión sobre ayudas estatales.
La otra parte de las medidas -los anticipos reembolsables concedidos por el servicio general del CCI de La Rochelle en el aeropuerto, la subfacturación de los servicios prestados por el servicio general del CCI de La Rochelle en el aeropuerto entre 2001 y 2005 , las contribuciones financieras concedidas por las autoridades locales francesas para contribuir a las acciones de promoción y las subvenciones para equipos concedidas por las autoridades locales francesas- constituían efectivamente ayuda estatal, pero la Comisión las consideró compatibles con las normas aplicables a las ayudas estatales para aeropuertos y aerolíneas.
En su evaluación, la Comisión tuvo especialmente en cuenta el hecho de que la ayuda resultó ser especialmente necesaria y proporcionada para facilitar el desarrollo económico del aeropuerto de La Rochelle y no dio lugar a una distorsión significativa de la competencia con otros aeropuertos de la Unión, incluidos los aeropuertos vecinos de Angoulême, Rochefort y Niort.
Además, la Comisión consideró que varios contratos de servicios aeroportuarios y contratos de servicios de marketing celebrados por el aeropuerto de La Rochelle entre 2003 y 2010 con las compañías aéreas Ryanair y Jet2 constituían ayudas estatales incompatibles. De hecho, la investigación de la Comisión mostró que estos acuerdos otorgaron una ventaja económica injustificada a Ryanair y Jet2 sobre sus competidores, en el sentido de que un operador aeroportuario guiado por el afán de lucro nunca habría aceptado otorgar condiciones similares a estas aerolíneas en las mismas circunstancias.
Dado que estas ayudas se consideran incompatibles, Francia debe recuperar ahora las ayudas estatales ilegales de Ryanair y Jet2, cuyo importe asciende a aproximadamente 8,4 millones de euros y 81.000 euros respectivamente.
