El magistrado José María Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, ha citado como investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, en relación con el rescate de la aerolínea Air Europa.
El juez madrileño ha admitido a trámite sendas querellas del PP y Vox por presunta prevaricación por supuestas irregularidades en el rescate de 475 millones de euros concedido por el Gobierno a la compañía Air Europa.
El Consejo de ministros del 3 de noviembre de 2020, previa evaluación de la SEPI, aprobó el rescate de la aerolínea propiedad del grupo Globalia. Se trató de un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones.
Ambos instrumentos estaban contemplados en el fondo aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, dotado con un total de 10.000 millones de euros. Este fondo tiene como objetivo aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia del Covid-19 que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional.
El 3 de marzo de 2020 se creó en España el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) mediante “Real Decreto-Ley 25.2020 de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y mantener el empleo, prestando apoyo temporal a empresas viables de sectores estratégicos para el tejido productivo y económico afectadas por la pandemia”.
Como indica en su título dicho Real Decreto-Ley, para que una compañía como pudiera recibir un rescate del FASEE, gestionado por la SEPI, debía cumplir varios requisitos legales y económicos fijados durante la pandemia de Covid-19. Los más importantes: ser una empresa estratégica para España o para una región concreta, tener problemas temporales derivados de la pandemia (no una insolvencia estructural previa), demostrar viabilidad futura, no poder obtener financiación suficiente en el mercado privado, solicitar formalmente la ayuda y someterse a evaluación de la SEPI.
En los últimos años el rescate de Air Europa fue objeto de controversia política y judicial. Tras las querellas presentadas por PP y Vox, el magistrado Escribano ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, que lo era también cuando se concedió el rescate, para investigar posibles irregularidades en la concesión de la ayuda. El juez ha solicitado abundante documentación sobre el proceso de aprobación del rescate.
El Gobierno ha defendido la legalidad de la operación, señalando que se trató de un préstamo sometido a controles institucionales y que Air Europa cumplió con sus obligaciones de información y pago.
