El Ministerio de Hacienda ha sometido a consulta pública un impuesto especial sobre el transporte aéreo. El objetivo, que debería tener en cuenta el hecho insular, sería fomentar el uso de medios de transporte más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, y que sirva como incentivo para explorar nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes.
Los aviones son una importante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Estas emisiones se han multiplicado por dos desde 1990 solo en el territorio de la UE, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y se incrementarán hasta un 185% en 2040, según estimaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.
La aplicación de un impuesto sobre el transporte aéreo permitiría también que España incrementara la contribución de los tributos medioambientales en los ingresos públicos, en línea con las reiteradas recomendaciones de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales.
Además, favorecería el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España para limitar o reducir las emisiones de efecto invernadero, tanto en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como en el de la Unión Europea.
Actualmente, países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos o Austria aplican un impuesto sobre el transporte aéreo. También Francia, principal potencia turística del mundo, ha incorporado en su legislación un impuesto de estas características
Esta medida se enmarca en el debate desarrollado a nivel internacional sobre la necesidad de dotar de mayor peso a los impuestos medioambientales para luchar contra el cambio climático, avanzar hacia una transición energética sostenible y promover la implantación y uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. De esta forma, el Gobierno pretende responder a la creciente sensibilidad medioambiental de la sociedad mediante una consulta pública, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley.
