La Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido confirma que la antigua filial británica de Airbus GPT Special Project Management Ltd, que dejó de operar el pasado año, se declaró culpable de corrupción entre diciembre de 2008 y julio de 2010 en relación con los contratos para la Guardia Nacional de Arabia Saudita y le pide 42 millones de dólares.
La compañía se declaró culpable de un cargo de corrupción, en contra de la sección 1 de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1906, ante el Juez Bryan en el Tribunal de la Corona de Southwark. El desarrollo sigue a los cargos presentados por la SFO en julio de 2020 conjuntamente contra la empresa y tres personas, que esperan juicio en mayo de 2022.
Al dictar sentencia contra GPT, el juez ordenó a la empresa que pague 28,7 millones de dólares, más una multa de 10, 5 millones de dólares y costes por importe de tres millones de dólares.
La SFO abrió su investigación sobre GPT en agosto de 2012. El negocio de GPT era proporcionar servicios de telecomunicaciones a la Guardia Nacional de Arabia Saudí. Se trata de una empresa británica adquirida por Airbus en 2007 a la sueca Ericsson por recomendación del Ministerio de Defensa. Operó en Arabia Saudita hasta abril de 2020.
En agosto de 2012, la SFO inició una investigación tras las acusaciones de un ex empleado de que GPT pagó sobornos relacionados con un contrato del gobierno del Reino Unido por valor de 2.800 millones de dólares para proporcionar servicios de comunicación a la Guardia Nacional de Arabia Saudita. Entre ellas se encontraban las acusaciones de que los ejecutivos de GPT habían sobornado a los oficiales de la Guardia Nacional Saudita con autos de lujo y pagos secretos a cuentas bancarias con sede en las Islas Caimán.
La investigación de la SFO tenía relación con los arreglos contractuales que se originaron antes de la adquisición de GPT por Airbus en 2007 y continuaron a partir de entonces. En particular, en relación con los contratos adjudicados a GPT con respecto al trabajo realizado para la Guardia Nacional de Arabia Saudí, que fueron el resultado de un acuerdo entre los gobiernos de Reino Unido y Arabia Saudí, del que el Ministerio de Defensa era el único cliente.
En enero de 2020, Airbus y la SFO llegaron a un Acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) para pagar hasta 4.200 millones de dólares, tras una investigación de las autoridades del Reino Unido, Estados Unidos y Francia. Las nuevas acusaciones que involucran a GPT no formaban parte del DPA de enero de 2020.
