El Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Industria, ha decidido cesar a Fernando Abril-Martorell en la presidencia de Indra -empresa coordinadora nacional del mayor programa europeo de defensa, el NGWS/FCAS, y contratista principal en el pilar de sensores de mismo- justamente mientras España cerraba con Francia y Alemania las negociaciones sobre el contenido de la siguiente fase del programa.
Tras conocerse la noticia, Indra registró una caída del 7,96% en su valor de cotización al cierre de la Bolsa de Madrid el pasado viernes. La SEPI, que con su 18,7% de participación es el principal accionista de Indra, “trasladó a la compañía su voluntad de promover un relevo en la presidencia, ostentada por Fernando Abril-Martorell, cuyo mandato finaliza este año, así como de su deseo de dar inicio a una nueva etapa en la presidencia de la compañía”, según comunicó el pasado viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en una “información privilegiada” la vicesecretaria del Consejo de Administración.
No se informa, sin embargo, de quién será el sustituto en la presidencia de Indra a someter en la próxima Junta General de Accionistas, pero sí se aportan dos anotaciones relevantes en dicha “información privilegiada” a la CNMV: que “el Consejo no ha adoptado todavía ninguna decisión sobre ese posible relevo” y que “se ha acordado retrasar hasta el 30 de junio de 2021 la fecha de celebración de la Junta General ordinaria, en segunda convocatoria”. Lo que parece indicar una precipitación o improvisación en el anunciado relevo del presidente y la necesidad de un mayor plazo para la elección de su sustituto.
En efecto, según una comunicación anterior a la CNMV, del pasado 24 de marzo, en su comunicado relativo a la celebración de la Junta general de Accionistas 2021, “el Consejo de Administración hacía público que, de conformidad con el Reglamento, la Junta General Ordinaria de Accionistas 2021 se celebraría, previsiblemente, el 24 de junio en Alcobendas”. Todo parece indicar, pues, que el Consejo de Administración al aplazar una semana más la celebración de la Junta, se toma un tiempo para la elección del futuro presidente e incluir su nombre en el orden del día para su aprobación por los accionistas.
El segoviano Fernando Abril-Martorell, de 59 años, licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (Madrid), es presidente de Indra desde el 29 de enero de 2015, fecha en que sustituyó a Javier Monzón en un momento de dificultades económicas de la compañía. Antes fue, entre otros cargos, director financiero y consejero delegado de Telefónica (2000-2003), consejero delegado de Credit Suisse para España y Portugal, (2006-2011) y del grupo Prisa (2011-2014).
La SEPI, principal accionista de Indra, es una entidad de Derecho Público con dependencia directa de la ministra de Hacienda. Es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas sus actuaciones atendiendo al interés público.
Precisamente en estos días de comunicación del cese al presidente de la compañía, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, presentaba en Madrid el proyecto Startical, creado por Indra y Enaire, para poner en órbita una constelación de 200 pequeños satélites para mejorar la gestión del tráfico aéreo, al tiempo que permitirá la prestación de servicios de vigilancia y comunicación espacialmente en zonas remotas y oceánicas.
Por otra parte, también en la semana pasada, al tiempo que se comunicaba el cese al presidente de Indra, la ministra de Defensa, Margarita Robles, junto con sus homólogas de Francia, Florence Parly, y Annegret Kramp-Karrenbauer, de Alemania, firmaban el acuerdo por el que se desatascaba el proyecto NGWS/FCAS, cuyo objetivo es desarrollar un demostrador de avión de combate de nueva generación que habrá de volar en 2027 y del que la compañía que hasta ahora presidía Abril Martorell es coordinadora nacional y defensora de los intereses de la industria española, asegurando una participación equivalente a la de Alemania y Francia.
