El Gobierno debe aprobar antes de final de mes el segundo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA II) para el periodo 2022-2026, en el que Aena incluye un volumen de inversión regulada de 2.250 millones de euros para el total del periodo y que contempla las actuaciones necesarias de ampliación de capacidad en los aeropuertos de Madrid y Barcelona.
El DORA es el instrumento a través del cual se definen las condiciones mínimas necesarias para que las compañías aéreas puedan acceder a las infraestructuras aeroportuarias (pistas de aterrizaje, terminales, etc.) y a una serie de servicios básicos (limpieza, seguridad, handling) de la red de aeropuertos de Aena. Este documento se define cada cinco años e incluye también una previsión de las tarifas que las compañías aéreas deberán pagar a Aena por la utilización de ciertos servicios. Dichas tarifas se repercuten posteriormente en los billetes de los viajeros a través de las llamadas tasas aeroportuarias.
La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, fija el marco de regulación económica de las tasas que Aena tiene derecho a percibir por la prestación de los servicios aeroportuarios básicos. Para ello establece un instrumento quinquenal denominado DORA en el que se concretan las obligaciones derivadas de este marco para cada periodo regulatorio. El primer DORA para el periodo regulatorio 2017-2021 fue aprobado por el Consejo de ministros el 27 de enero de 2017, extendiéndose su eficacia hasta el 31 de diciembre de 2021.
Para el próximo día 28, última reunión prevista del Consejo de ministros antes de acabar este mes, está programada la aprobación del DORA II, tal y como reconoció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda urbana (Mitma), Raquel Sánchez, tras el anuncio de la suspensión del acuerdo de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.
Pero es que, apenas a 10 días de la celebración de ese Consejo de ministros del día 28, en el seno del propio Gabinete de Gobierno se ha puesto de manifiesto el desacuerdo total sobre la decisión del ejecutivo de una anulación de la ampliación de El Prat que, como mínimo, no podrá ser revocada hasta después del 31 de diciembre de 2026, fecha en que expira el DORA II, que se aprobará a finales de este mes de septiembre.
Y así, mientras la titular del Mitma considera “una pérdida de oportunidades” en un momento en que estamos centrados en la recuperación económica, otra ministra, la de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, celebra la suspensión “porque era un proyecto depredador e invasivo” y asegura que “ha trabajado en silencio para impedir la ampliación del aeropuerto”.
A primeros del pasado mes de agosto, la ministra Raquel Sánchez y el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró, coincidieron en la necesidad de que el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se convierta en los próximos años en un hub internacional con una inversión de 1.700 millones de euros. La ministra resaltó las grandes cifras de este acuerdo: “Generará 83.000 empleos directos y 365.000 empleos en total y representará 8,9 puntos del PIB en Cataluña y 2,1 en PIB nacional”.
Ahora, parece que se ha roto la baraja. Se ha deshecho el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat y, lo que es más sorprendente, el próximo Consejo de ministros del día 28 afronta la aprobación del DORA II con un enfrentamiento en las filas del Gobierno.
