En una sesión extraordinaria celebrada ayer, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley que establece la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes en los sectores ferroviario, marítimo y de aviación civil. Esta nueva entidad tendrá autonomía orgánica, funcional y financiera, y su misión será esclarecer las causas de los accidentes para evitar su recurrencia y mejorar la seguridad en el transporte.
La Autoridad estará dirigida por un Consejo compuesto por un presidente y seis consejeros, quienes serán seleccionados por su prestigio y cualificación profesional en los ámbitos marítimo, aéreo y ferroviario. El presidente será nombrado por Real Decreto y su elección deberá contar con la conformidad de la Comisión competente del Congreso de los Diputados, mientras que los consejeros estarán sujetos a un posible veto por parte de la misma Comisión. Los miembros del Consejo tendrán un mandato de seis años, sin posibilidad de reelección, y sus funciones estarán sujetas a un estricto régimen de incompatibilidades.
La nueva Autoridad absorberá las competencias de las actuales comisiones de investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que operan bajo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Estas comisiones continuarán con sus funciones de manera transitoria hasta que la Autoridad se constituya y entre en pleno funcionamiento.
La estructura de la Autoridad incluirá tres Direcciones Técnicas, una por cada modo de transporte, encargadas de dirigir los equipos de investigación y elaborar informes para el Consejo. Además, contará con una Secretaría General y una Unidad de Asistencia Familiar, diseñada para atender a las víctimas y sus familiares tras un accidente.
Para garantizar su independencia, la Autoridad se financiará mediante la recaudación de tasas específicas, como la tasa de seguridad aérea, la tasa de prestación de servicios en materia de seguridad ferroviaria y la tasa de ayudas a la navegación. Este modelo de financiación busca asegurar que la Autoridad no dependa del presupuesto general del Estado, reforzando su autonomía.
La Ley establece un régimen jurídico para la investigación técnica de accidentes, basado en principios de transparencia y participación de las partes interesadas, garantizando al mismo tiempo la protección de información reservada. Se incluirán medidas específicas para informar a las víctimas y sus familias, fortaleciendo su posición jurídica en el procedimiento de investigación.
Además, se introduce el principio de «cultura justa», que promueve la protección de la información sensible y respeta los derechos de las personas involucradas en los procedimientos de investigación.
Con la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará la tramitación del Estatuto Orgánico de la Autoridad, con el objetivo de que entre en funcionamiento lo antes posible. Esta nueva Autoridad promete ser un paso significativo hacia la mejora de la seguridad y la transparencia en el transporte ferroviario, marítimo y aéreo en España, marcando un avance en la independencia y eficacia de las investigaciones técnicas de accidentes.
