El grupo Qantas ha anunciado que acata la decisión del Tribunal Federal de Australia, que ha impuesto una sanción por la externalización ilegal de su función de asistencia en tierra realizada en 2020. La resolución judicial responsabiliza a la compañía de unas acciones que ocasionaron un perjuicio significativo a sus empleados.
La sanción impuesta por el tribunal asciende a 90 millones de dólares, que la empresa abonará conforme a lo establecido en la sentencia. A esta cantidad se suma el fondo de compensación de 120 millones de dólares que Qantas ya había constituido y que está siendo administrado por el despacho Maurice Blackburn para atender a todos los empleados que se vieron afectados por la medida.
Vanessa Hudson, consejera delegada del grupo, reconoció públicamente la gravedad de lo sucedido y ofreció disculpas a los 1.820 trabajadores afectados y a sus familias. “La decisión de externalizar hace cinco años, especialmente en un momento de tanta incertidumbre, provocó dificultades reales para muchos de nuestros antiguos compañeros y sus allegados”, señaló la directiva.
Hudson subrayó además que las consecuencias no se limitaron únicamente a los despedidos, sino que se extendieron al conjunto de la plantilla. En sus declaraciones, destacó que en los últimos 18 meses la aerolínea ha trabajado para modificar su forma de operar como parte de un proceso más amplio orientado a reconstruir la confianza tanto de su personal como de sus clientes. “Recuperar la confianza perdida sigue siendo nuestra máxima prioridad”, afirmó.
Con esta resolución, el caso de la externalización de 2020 marca un punto de inflexión para Qantas, obligada no solo a hacer frente a la sanción económica, sino también a continuar el proceso de reconstrucción de su reputación y de la relación con su plantilla.
