Ni a las empresas interesadas en la gestión de los dos principales aeropuertos españoles ni a las consultoras implicadas en el proceso ni a los expertos aeronáuticos les salen las cuentas de la privatización de Barajas y El Prat.
“Los concesionarios de los aeropuertos de Madrid y Barcelona tendrán que incrementar las tarifas de forma importante y mejorar los ingresos comerciales, lo que resulta difícil, dado que ya se cobran cánones superiores al 20% de las ventas”, asegura unánime el grupo de expertos consultados por este diario.
Todo son sorpresas. Lo primero que choca es que el Ministerio de Fomento, tal como publicó el pasado día 6 el diario “El País” haya anunciado que “los dos aeropuertos se adjudicarán a consorcios distintos para que exista la posibilidad de competencia”, cláusula de exclusión que, al parecer, no se incluía en las bases previas de la licitación, al menos, tal como figuraba en los acuerdos emanados del Consejo de Ministros. Tal vez por eso sorprendiera la presencia de algunos de los nominados en el “casting” de solvencia para la ulterior presentación de ofertas por los aeropuertos
Pero aún resultan más extraña, a juicio de los propios técnicos con muchos años en la gestión aeroportuaria, las urgencia por resolver un tema de tanta trascendencia cuando Aena se toma plazos medios de seis meses para resolver cualquier mínimo concurso y éste que es el más importante se pretende despachar en menos de dos.
La apreciación concluyente de los expertos aeronáuticos consultados por este diario y a los que no les salen las cuentas coincide con la de no pocas operadoras aeroportuarias que, según publicó la pasada semana el diario económico “Cinco Días” “llevaban semanas presionando a Aena para que rebajara sus pretensiones recaudatorias”. Lo que sin duda llevó al mismo diario a comenzar su crónica del pasado día 6 sobre la presentación de candidaturas con esta declaración de sorpresa: ”Fomento y su operadora aeroportuaria Aena se quitaron ayer un peso de encima. El proceso de concesión de Barajas y El Prat, los dos mayores aeropuertos del país, ha concitado el interés de siete consorcios, con notable presencia internacional, pese al momento de escasa liquidez en el mercado y a la abundante oferta de infraestructuras en concesión en todo el planeta”.
Este mismo diario ha podido recoger testimonios autorizados dentro de Aena que aseguran recibir las quejas de distintas empresas interesadas en esta licitación y algunas consultoras que estiman extralimitadas, según sus cálculos, las condiciones de los concursos. Y es que, a pesar de la muy eufórica valoración del Ministerio de Fomento por “el elevado número de candidaturas que han mostrado su interés por participar en la licitación”, a pesar de su apreciación de que “la presentación de empresas españolas e internacionales es un buen indicador del atractivo que tienen los dos principales aeropuertos españoles” y su exhibición como prueba de “la idoneidad del proceso puesto en marcha y la valoración que hace el sector empresarial del nuevo modelo de gestión aeroportuaria”, las cosas no resultan fáciles.
Según fuentes del sector, incluidas algunas de las empresas participantes, ha costado recabar la colaboración y la comparecencia de las mismas, aun conscientes de que la presentación de credenciales de solvencia técnica y económica no comprometía absolutamente a nada y solo servía para arropar a las dos eventuales adjudicatarias finales que con toda seguridad no firmarán los contratos definitivos con el actual Gobierno, sino con el que le suceda.
En consecuencia, las adjudicatarias finales de Barajas y El Prat, a decir de los técnicos aeronáuticos consultados, no tendrán otra salida que aumentar a las compañías aéreas las tarifas con la correspondiente repercusión en los billetes de los pasajeros. Con los requisitos impuestos, el negocio de la gestión de los dos principales aeropuertos españoles “es ruinoso a corto, medio y largo plazo”. Y, además, concluyen, “nace de partida con importantes y gravosas hipotecas, como es el caso del I Convenio Colectivo de Aena firmado el pasado 14 de julio, que les compromete ¡durante siete años!, hasta el 31 de diciembre de 2018”.
