Miles de personas se manifestaron este domingo en Barcelona contra la ampliación del aeropuerto de El Prat convocada por colectivos ecologistas y vecinales de la comarca, que rechazan la ampliación y reclaman la paralización indefinida del proyecto.
El Gobierno, a través de su ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, que hasta hace dos meses ocupaba la Alcaldía de Gavá -Ayuntamiento que se ha opuesto claramente a la ampliación del aeropuerto barcelonés-, suspendió hace 10 días la inversión de 1.700 millones de euros prevista para esa ampliación ante la falta de apoyo del gobierno autonómico de la Generalitat de Cataluña
La ampliación de la tercera pista de El Prat para acoger un «hub intercontinental» de vuelos, con la generación de 365.000 empleos totales y una contribución de casi el 9% del PIB, suscitó las críticas de políticos, entidades sociales y grupos ecologistas e incluso la oposición de parte del Gobierno, como hizo gala la vicepresidenta segunda del mismo, Yolanda Díaz, quien celebró la suspensión “porque era un proyecto depredador e invasivo” y aseguró “haber trabajado en silencio para impedir la ampliación del aeropuerto”.
Este rechazo se basaba, según ellos, en la contribución a un aumento de las emisiones y por el impacto que tendría en una zona natural protegida cercana al aeródromo, el entorno de “La Ricarda”.
Unas 10.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron entre la Plaza de España y la Estación de Sants convocadas, entre otras por organizaciones como Zeroport, Ni un pam de Terra y Ecologistes en Acció, reclamando “menos aviones y más vida”.
En la manifestación no participó ningún miembro del Govern ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero sí asistieron representantes de ERC, los comuns y la CUP. Entre los asistentes figuraba destacado el exconseller de la Generalitat Raúl Romeva, así como responsables de diversos Ayuntamientos, como el de Barcelona o el de El Prat del Llobregat.
Pues si no lo quiere la vicepresidenta del gobierno de España, ni el gobierno autonómico, ni las organizaciones ecologistas, no es cuestión de empeñarse. ¡Hala! a cuidar de la laguna de «La Ricarda» (calculo dos o tres puestos de trabajo) y que los 1700 millones se vayan a otro sitio. ¡Anda que no hay sitios donde los están deseando!