El Gobierno ha aprobado la autorización para la transferencia de determinado material de defensa y de doble uso, al amparo de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. La decisión se adopta con carácter excepcional y tras el informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).
La autorización afecta a varios proyectos aeronáuticos considerados estratégicos por su elevado potencial industrial y exportador: A400M, A330 MRTT, C295 y SIRTAP. Se trata de programas liderados por Airbus, empresa europea de referencia en el sector aeroespacial, cuya actividad tiene un notable efecto tractor sobre la cadena industrial y tecnológica en España.
Según el acuerdo aprobado, estos proyectos se consideran indispensables para asegurar la viabilidad económica de las líneas de producción asociadas y para preservar miles de empleos de alta cualificación en el país. La continuidad de estos programas se vincula, además, al mantenimiento de capacidades industriales críticas en el ámbito aeronáutico y de defensa, con impacto directo en el tejido productivo nacional.
La medida se enmarca en la ejecución del Real Decreto-ley de embargo, en paralelo a la implementación del Plan de desconexión de tecnología israelí, liderado por el Ministerio de Defensa. En este contexto, las empresas afectadas están llevando a cabo actuaciones para reducir su dependencia tecnológica. No obstante, en el caso concreto de los programas autorizados, se reconoce que no existen alternativas inmediatas que permitan sustituir con garantías determinados componentes tecnológicos considerados imprescindibles.
La imposibilidad de mantener este comercio con Israel, según señala el Gobierno, situaría en alto riesgo la continuidad de estos proyectos en España. Un escenario de este tipo tendría un impacto relevante a nivel industrial, económico, de empleo y tecnológico, con posibles consecuencias sobre la autonomía estratégica y los intereses generales nacionales.
Con esta autorización excepcional, el Ejecutivo busca compatibilizar la aplicación del marco normativo aprobado con la protección de capacidades industriales clave del sector aeroespacial, consideradas estratégicas para el país tanto desde el punto de vista económico como tecnológico y de defensa.
