Aena, gestora aeroportuaria española ha reaccionado contra la incorporación de una enmienda, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en el texto del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobada por el Senado para su remisión de vuelta al Congreso de los Diputados.
“Desde la entrada en vigor de la Ley 18/2014 y la salida a bolsa de Aena en 2015, el turismo y el transporte aéreo en España han experimentado un boom de grandes proporciones, que ha sido un factor esencial del admirable crecimiento de la economía española de la última década. Sin el buen funcionamiento de los aeropuertos españoles y de Aena, esto, simplemente, no hubiera sido posible”, señala en un comunicado la gestora aeroportuaria.
“El contraste -añade- entre el incremento significativo del precio de los billetes de avión entre el verano de 2022 y el verano de 2025 (un 28% en los vuelos nacionales y un 9% en los internacionales) y el de las tarifas aeroportuarias en el mismo periodo (un 4,6%) demuestra que no existe una correlación estadísticamente significativa entre los precios de los billetes y las tarifas de Aena. El motivo estriba en que las tarifas aeroportuarias representan un porcentaje reducido del precio del billete de avión -el de un “paquete turístico” es incluso menor- y, por tanto, la variación de las tarifas tiene un impacto muy pequeño en la decisión de volar de los pasajeros”.
“El aumento de las tarifas aeroportuarias de Aena ha podido limitarse legalmente 10 años porque en este período no han sido necesarias grandes inversiones. Pero ahora hace falta más capacidad para acomodar la demanda aérea futura y no estrangular el crecimiento, así como para mejorar la seguridad física y la ciberseguridad de estas infraestructuras de transporte críticas”
“Si la enmienda prosperara y las Cortes Generales limitaran por ley la remuneración de la actividad aeronáutica de Aena sin ningún argumento económico racional, el daño al sistema aeroportuario español, a Aena y a sus accionistas podría ser considerable; y la compañía debería revisitar las inversiones previstas en los aeropuertos españoles en los próximos años, lo cual podría afectar negativamente a los territorios de España que albergan las infraestructuras”, asegura el regulador aeroportuario.
