Madrid.- El pleno del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), presidido por Francisca Sauquillo, aprobó ayer un decálogo para la protección a los usuarios del transporte aéreo, que fue entregado a la secretaria de Estado de Transportes del Ministerio de Fomento, Concepción Gutiérrez del Castillo, que compareció ante el pleno a petición del CCU para dar respuesta a algunos problemas que se han detectado en relación con las compañías aéreas.
El decálogo señala que es fundamental que las autoridades nacionales y europeas sancionen a los transportistas que incumplan el Reglamento 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, así como que las indemnizaciones a las que tengan derecho los usuarios se hagan efectivas en un espacio de tiempo lo más breve posible por parte de la compañía aérea.
Se plantea asimismo la necesidad de que el usuario sepa dónde dirigir su reclamación cuando tenga algún problema; que las compañías aéreas cuenten con una dirección física en los territorios nacionales en los que operan, o que existan oficinas de atención al usuario en los aeropuertos.
La secretaria de Estado de Transportes, que estuvo acompañada por la directora de Seguridad de Aviación Civil y Protección al Usuario de AESA, Marta Lestau, mostró su disposición a mejorar nuestra legislación, como ha señalado el ministro de Fomento en sus recientes comparecencias, para sancionar a las compañías aéreas que no faciliten información correcta en relación con situaciones de denegación de embarque, grandes retrasos o cancelación, entre otros casos, y de establecer unos criterios sancionadores precisos en caso de incumplimiento de los derechos de los pasajeros.
Concepción Gutiérrez informó al Consejo que durante el pasado año se realizaron por parte de AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, un total de 406 inspecciones a los transportistas, para verificar el cumplimiento de los derechos de los pasajeros, y fueron abiertos 79 expedientes sancionadores.
Indicó asimismo que la Administración Española está impulsando a nivel comunitario diversas iniciativas para mejorar la protección de los usuarios del transporte aéreo. Entre estas iniciativas destacó la modificación del Reglamento 261/2004, la regulación de situaciones de quiebra, insolvencia o cese de operaciones de las compañías, y el establecimiento de un procedimiento para atender las quejas. Destacó la importancia de dar una respuesta en el seno de la Unión Europea, para armonizar la legislación de los distintos Estados miembros y evitar agravios comparativos que perjudiquen la competitividad de una empresas nacionales frente a otras.
Finalmente, en cuanto al comportamiento de las compañías, en el tema de cobro por equipajes y otros conceptos, la representante de Fomento dejó bien claro que existe absoluta libertad tarifaria, pero que las compañías están obligadas a informar sobre todos los conceptos que incrementen el precio del billete, con el fin de evitar que el usuario se lleve sorpresas desagradables en la puerta de embarque.
