Ciudad Real.- A finales del 2014 han coincidido el cierre del último plazo dado por un Juzgado Mercantil para recibir ofertas por el aeropuerto de Ciudad Real sin hallar comprador, que se sepa, y la apertura por la Audiencia Nacional del juicio oral contra dos ex directivos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), cuyo hundimiento se atribuyó en gran parte al fracaso del aeródromo manchego.
El pasado día 31 concluyó el octavo plazo dado por el Juzgado de Ciudad Real a los administradores concursales para hallar un comprador del aeropuerto que estuviera dispuesto a pagar 80 millones de euros, menos del 10% de lo que se invirtió en su construcción. Y, al parecer, ha terminado con el mismo resultado que en las ocasiones anteriores, es decir, sin oferta ajustada al plan de liquidación.
Tal como estaba previsto al anunciar el último plazo para ofertas, si esta fase de venta quedaba desierta, el aeropuerto saldrá a la venta a través de una subasta judicial de forma libre sin sujeción a precios mínimos.
Coincidiendo en el calendario, la Audiencia Nacional anunció hace unos días que el juez Pablo Ruz había dictado apertura de juicio oral al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y administración desleal.
El magistrado requiere a ambos acusados para que en diez días y de forma solidaria presten fianza de responsabilidad civil de 138,2 millones de euros, atendiendo a la solicitud de la acusación ejercida por Banco Castilla-La Mancha en concepto de indemnización por el perjuicio económico sufrido por la entidad en relación con las operaciones investigadas en este caso.
CCM, intervenida por el Banco de España en 2009, es, según el informe concursal recogido hace ahora cuatro años en El Confidencial, el principal accionista del aeropuerto de Ciudad Real nada menos que con el 68,28% de su capital social, ya que posee el 36,43% del aeródromo en acciones propias y el 31,85% en acciones pignoradas a su favor por haber financiado a otros socios la adquisición de participaciones, con lo que CCM tiene un derecho de prenda sobre todas ellas.
La presencia, pues, de CCM en el aeropuerto manchego no sólo era doble, sino que además tuvo un riesgo de dos caras: por un lado, el de ser el mayor accionista de una infraestructura inmersa en un concurso de acreedores; por otro, el de ser la entidad financiadora de la adquisición de más acciones por parte del resto de socios. En caso de que estos socios no pudiesen seguir adelante, CCM podría ejecutar el derecho de prenda de estas acciones, lo que la dejaba con el 68,28% del aeropuerto.
El aeropuerto nunca llegó a ser rentable, pues con anterioridad al inicio de su actividad en diciembre de 2008, perdió 2,74 millones en 2005; 9,2 millones de euros en 2006; y casi 1,8 millones de euros en 2007.
El Juzgado de Ciudad Real decretó el inicio de un concurso de acreedores del aeropuerto por el impago de sus deudas. Según el auto judicial, el aeropuerto mantenía una deuda con CCM por un importe de 50,6 millones de euros más otros 33,9 millones de euros como consecuencia de la ejecución de avales por parte de diversas empresas.
