París.- El pasado viernes comenzó en un Juzgado de París el juicio contra algunos directivos y ex directivos del antiguo consorcio aeroespacial europeo EADS -hoy Airbus Group- por presunto delito de información privilegiada supuestamente cometido entre noviembre de 2005 y marzo de 2006 cuando los acusados se enriquecieron indebidamente vendiendo sus acciones.
A los procesados se les imputa conocer con anterioridad que Airbus registraría grandes retrasos en las entregas del avión A380, que el proyecto del modelo A350 iba a experimentar una revisión completa y que las perspectivas financieras eran peores de lo previsto y anunciado.
Una vez hechos públicos, los hechos provocaron una caída del 26% del precio de las acciones el 14 de junio de 2006, lo que supuso en total unas pérdidas de 5.500 millones de euros. La justicia francesa sospecha que los acusados se enriquecieron indebidamente vendiendo sus acciones previamente a hacerse públicos esos hechos disponiendo de información privilegiada, precisa y confidencial, lo que hizo caer la cotización en Bolsa de EADS.
Entre los siete acusados figuran el que fuera copresidente del grupo, Noël Forgeard, y el actual director comercial de Airbus, John Leahy. Comparecen asimismo el ex número dos de EADS, Jean-Paul Gut, el director financiero de entonces, Andreas Sperl, y tres directivos de Airbus: Alain Flourens, Erik Pillet y Olivier Andriès. Sólo Leahy, Flourens y Sperl siguen trabajando hoy para Airbus Group, la nueva denominación de EADS.
Ocho años después de estallar el escándalo que sacudió al gigante europeo de la aeronáutica empieza en París el juicio con una disputa procedimental sobre la legalidad de este juicio, lo que supondrá el recurso a una instancia jurisdiccional superior que dirima si es constitucional o no el proceso iniciado ahora, toda vez que las defensas alegan la violación del principio “non bis in ídem”, confirmado el pasado mes de marzo por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en virtud del cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
En el proceso se han personado como acusación accionistas minoritarios y la Caja de Depósitos, institución financiera pública francesa. El delito tipificado podría acarrear dos años de prisión y una multa de hasta diez veces el total de los beneficios obtenidos. En Francia, el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación han validado siempre hasta ahora la legalidad del sistema que autoriza una condena administrativa y otra penal.
Todos los procesados niegan las acusaciones y alegan que la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) el organismo francés que regula el mercado bursátil, aprobó los hechos que se les imputan.
