Madrid.- La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, ha registrado 335 operadores de drones de menos de 25 kilos al despegue, en el primer año desde la entrada en vigor de la normativa que regula el uso de este tipo de aeronaves tripuladas por control remoto.
La regulación de los drones ha respondido a la necesidad de establecer un marco jurídico que permita el desarrollo en condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente puntero y emergente.
En ese ámbito, el crecimiento del sector se evidencia en el incremento de operadores habilitados y de cursos de pilotos de drones. Los operadores de drones de 25 kilos o menos, no necesitan una autorización de AESA, pero sí tienen que presentar en la Agencia una declaración responsable conforme cumplen todos los requisitos que marca la ley, a día de hoy se han presentado correctamente 335 declaraciones responsables, especialmente para realizar fotografía aérea, fotogrametría.
Además, AESA también ha autorizado a 67 operadores para realizar vuelos de prueba demostración o investigación en espacio aéreo no controlado dentro del alcance visual del piloto o en una zona de espacio aéreo segregado al efecto. Y hay dos operadores de más de 25 kilos que han solicitado autorización para realizar vuelos más allá del alcance del piloto.
Otra muestra del crecimiento y expansión del sector es el incremento de cursos de pilotos de drones. únicamente pueden impartir cursos para obtener los certificados básico y avanzado para pilotar drones, las organizaciones de formación (ATOs) aprobadas por AESA, actualmente hay 56 ATOs, de las 98 autorizadas, que han notificado que van a impartir cursos de pilotaje de drones.
Pero el desarrollo del sector también ha venido acompañado de un incremento de las irregularidades. En un año, AESA ha tramitado 75 propuestas de expedientes sancionadores, 13 en 2014 y el resto en los primeros seis meses de 2015. La mayor parte por el uso irregular de drones en zonas urbanas y pobladas y sobre aglomeraciones de personas.
Pero, a pesar del crecimiento, el sector de los drones todavía está en desarrollo, por ello, la actual normativa será actualizada mediante la aprobación de un Real Decreto que está en fase de valoración de alegaciones presentadas por el sector.
Esta nueva normativa estudia permitir escenarios operacionales adicionales, entre ellos, el vuelo en zonas urbanas, siempre y cuando tengan los permisos necesarios y cumplan las medidas adicionales específicas de seguridad, como que sean aeronaves de hasta 10 kilos, a una distancia máxima del piloto de 100 metros y de una altura máxima de 120 metros, en zonas acotadas o a una distancia de seguridad de edificios y personas.
Por otro lado, también se estudia la opción de permitir que aeronaves de hasta 25 kilos al despegue puedan volar en espacio aéreo no controlado más allá del alcance visual del piloto, siempre y cuando cuenten con los sistemas de seguridad adecuados.
Los principios fundamentales que rigen la normativa española, son los mismos que regirán la regulación europea, prevista para 2016, y que se acordaron en marzo de 2015 en la Conferencia de Riga: facilitar el crecimiento de este prometedor sector pero siempre garantizando la seguridad de las operaciones y bienes en tierra.
Otros de los principios de la declaración de Riga, que ya contempla la legislación española es que los drones necesitan ser tratados como nuevos tipos de aeronaves con reglas proporcionales basadas en el riesgo de cada operación, y que el operador de un avión tripulado por control remoto es el último responsable de su uso.
En Riga, Europa ha dado un paso decisivo hacia el futuro de la aviación, puesto que una de las principales ideas defendidas para lograr la plena integración de los drones en el espacio aéreo europeo, ha sido la necesidad de avanzar en el desarrollo de la tecnología, especialmente en lo que se refiere a los estándares de seguridad. De ahí, que en España se aprobase una normativa temporal y ahora se esté trabajando en una más avanzada, que seguirá siendo flexible debido a que esta tecnología evoluciona constantemente y la legislación tiene que adaptarse.
