La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha ordenado la suspensión del rescate de la aerolínea Plus Ultra por falta de justificación y da a esta compañía un plazo de cinco días para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 millones aprobado por el Gobierno el pasado 9 de marzo.
El Consejo de ministros celebrado ese día autorizó al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas a realizar una operación de respaldo público temporal solicitada por la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas. El importe de esa ayuda asciende a un total de 53 millones de euros, que se canalizará a través de un préstamo participativo de 34 millones de euros y un préstamo ordinario de 19 millones de euros. La empresa dispondrá de un plazo máximo de siete años para amortizar en su totalidad los préstamos recibidos.
Según el auto de Esperanza Collazos, titular del Juzgado número 15 de los de Madrid, «el desembolso de la cantidad de 34 millones de euros, como préstamo participativo previsto para el próximo día 28, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento».
El PP, Vox y el Ministerio Fiscal pidieron al Juzgado la paralización del pago de 34 millones de euros a la citada aerolínea previsto para el próximo miércoles, mientras que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica solicitaron autorización para la entrega de esa cantidad.
Ante lo cual, la juez ha ordenado la suspensión del pago e insta al Gobierno a que se abstenga “de realizar cualquier acto que suponga infracción de la prohibición impuesta”.
