En Ciudadanos creemos conveniente que en España regulemos legalmente ya los usos pacíficos del espacio ultraterrestre y nos dotemos de una estructura institucional adecuada a lo que ya no es ciencia ficción. Es auténtica ciencia, actual y real. Y a partir de ella, tecnología desarrollada con recursos y medios orientados a más investigación, a la obtención de conocimiento, y a la transferencia del mismo a la sociedad en su conjunto mediante aplicaciones prácticas que mejoren la vida de las personas.
Eso es ya también la ciencia y la innovación espacial, todo ese sector de conocimiento obtenido a partir de que el hombre haya salido del único entorno natural conocido en el que su vida es posible de manera autónoma: nuestro propio planeta.
Y así, la natural inquietud del ser humano por llegar un paso más allá de lo conocido nos ha llevado de subir a la cima de una montaña, pese a vivir tranquilamente en el llano junto a una corriente de agua, a buscar la manera de viajar al espacio exterior a nuestra atmósfera, al espacio que denominamos ‘ultraterrestre’, el que se extiende hacia el infinito a partir de los aproximadamente 100 kilómetros de altura, aun sin la certeza absoluta de poder regresar. Y como siempre, ese viaje se ha hecho apoyados en la investigación de lo que ignoramos para descubrir algo más, en inventar a partir de aquello de lo que ya disponemos para dar ese próximo y penúltimo paso.
Esa carrera espacial, iniciada tras la Segunda Guerra Mundial como una competición entre dos países, EEUU y la extinta URSS, alcanzó su meta de poner un pie humano en la Luna en 1969, pero ese hecho histórico es solo uno de los hitos en el esfuerzo mantenido de manera constante por llegar más lejos. Hoy, en cuanto a presencia humana, la meta es Marte, pero las sondas Voyager I y II, lanzadas en 1977, se hallan aún en activo en sus respectivas misiones a más de 23.000 millones y 19.000 millones de kilómetros de nosotros, adentradas ya en lo que se conoce como espacio interestelar.
La segunda carrera espacial, por tanto, está en marcha, y en ella no solo participan los Estados nacionales, con sus organismos públicos destinados a la investigación del ámbito aeroespacial, sino que junto a aquellos concurren ya empresas privadas que han empleado recursos propios en este campo de la ciencia y la innovación, y junto a los ya conocidos gigantes como SpaceX, Blue Origin o Virgin Orbit hay emprendedores españoles, como la iniciativa alicantina PLD Space que ha presentado este 2021 su vehículo espacial suborbital Miura I, así como trabaja en el proyecto del vehículo orbital Miura V, una empresa totalmente privada y española que se inició hace diez años y avanza con paso seguro.
Marco legal y jurídico
Pero si esta ciencia ha dejado de ser un sueño para convertirse en realidad, también en España, lo cierto es que, como toda actividad humana, requiere de un marco legal y jurídico en el que desarrollarse. Y es que, hasta ahora, mientras han sido los Estados los actores principales, si no los únicos, la actividad de investigación y desarrollo de ingenios espaciales, su lanzamiento más allá de nuestra atmósfera, su mantenimiento y, en su caso, su recuperación, en suma, el control de todo ello, ha estado sometido a convenios internacionales, auspiciados por la ONU, y siempre desde una perspectiva pública, estatal o supraestatal. La entrada al campo de nuevos jugadores, fundamentalmente empresas privadas, requiere una reformulación de aquellos principios de Derecho internacional recogidos en convenios y tratados.
Actualmente, la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA) informa de que existen más de 12.000 objetos (naves, sondas, satélites…) lanzados al espacio desde 1957, de los que solo más de 3.000 se han lanzado en 2020 y 2021. El número que la UNOOSA establece como “en órbita” a la fecha de estas líneas es de 8.209, pero es ingente la cantidad de “basura espacial” flotante, concepto que engloba desde satélites enteros fuera de uso a piezas y restos de otros aparatos que vagan orbitando alrededor de la Tierra producto del deterioro, roturas, y hasta colisiones entre artefactos. La suma de empresas a la actividad espacial es, por tanto, un reto que debe afrontarse ya, regulando el régimen jurídico de esa actividad, el sistema y criterios de autorizaciones y licencias tanto de los lanzamientos como del propio objeto concreto que en cada caso constituya la actividad que se realice (científica, comercial…), o los principios y normas de seguridad jurídica y responsabilidad ante terceros que deben imperar para quienes concurran en el espacio. Se trata de establecer un marco de derechos y obligaciones que se aplique en el espacio ultraterrestre del mismo modo que hay legislaciones en materia marítima o aérea, entornos donde concurren tanto normativas nacionales como supranacionales.
En este sentido ya ha habido iniciativas, hasta ahora sin más recorrido real que su mención y algún que otro proyecto que ha acabado en un cajón, para desarrollar una legislación española sobre actividades y usos del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, y no solo esto, sino aspectos también como el aprovechamiento de materias que en el mismo se hallan.
Se trata, en general, de un ámbito regulatorio reclamado por empresas, investigadores y otras instituciones para, ante todo, establecer las líneas de actuación y desarrollo de lo que ya es una industria incipiente, pero que progresa firmemente.
Ir más allá
Y en ese sentido camina la iniciativa articulada por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados en estos últimos días de 2021, que busca ir más allá de las metas marcadas por la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada recientemente por el Consejo de Ministros en materia de protección de nuestra sociedad ante las vulnerabilidades que plantea un mundo cada vez más complejo, más multilateral, más digitalizado, y donde la geopolítica es ya campo de acción de la inteligencia artificial, con riesgos nuevos para nuestros derechos y libertades.
Queremos ir más allá porque esa perspectiva estratégica de la seguridad debe ampliarse justamente a la no restricción de libertades como la iniciativa particular en la investigación científica y en la innovación, en la capacidad y necesidad de transferir conocimiento a la sociedad a través tanto del sector público como del privado y fundamentalmente mediante la cooperación de ambos.
Ello supone constar con instrumentos como una legislación adecuada y una estructura institucional estable y eficaz más allá de la propia iniciativa emprendedora de cualquier actor particular. La primera, la ley, para garantizar condiciones de igualdad y libertad, así como de seguridad jurídica, como son exigibles en cualquier sociedad democrática. La segunda, las instituciones, para encauzar la actividad pública directa, pero también la de fomento de la acción de los particulares, sirviendo a los objetivos, justamente, que marque la norma.
No hay novedad en este escenario respecto de otros similares en otros ámbitos. Si acaso, únicamente lo todavía llamativo que puede resultar hablar de conceptos como el espacio, algo que, sin embargo, deja de ser tan sorpresivo si recordamos que hoy, por ejemplo, podemos saber si tenemos una plaza de aparcamiento libre al llegar a una ciudad que no conocemos gracias a un artificio mecánico dotado de tecnología aplicada que orbita a gran altura sobre nuestras cabezas alrededor de nuestro planeta. Esa labor pedagógica de lo que no es futuro, sino el día de hoy ya, es otra de las iniciativas que refiere nuestra proposición no de ley presentada hace unos días.
Por ello creemos conveniente una Agencia Espacial Española y una regulación legal nacional, propia e integrada, y coherente con los principios sentados por los convenios internacionales anteriores, tanto a nivel global como europeo, que contemple criterios de seguridad, pero también científicos y de investigación e innovación aplicadas por el sector privado más allá del público.
Si en 1969 contemplamos en blanco y negro lo que era un gran paso para la humanidad, hoy caminamos ya sin detenernos a gran velocidad y en un mundo de mil luces y colores. Hagámoslo correctamente estableciendo hacia dónde queremos ir y cómo hacerlo en beneficio de todos. Con instrumentos legales y una arquitectura institucional que aporte seguridad. Es el presente que ya viven países de nuestro entorno como Portugal, Francia, Holanda o Italia, entre otros muchos. No debemos quedarnos atrás.
Juan Ignacio López-Bas Valero
Diputado nacional de Ciudadanos por Alicante y portavoz de la formación liberal en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Concejal en el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) entre 2011 y 2019. Abogado.
