La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado a la Comisión Europea que investigue el rescate público de la aerolínea Plus Ultra por parte del Gobierno de España, por un valor de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
El 9 de marzo de 2021, el Consejo de ministros aprobó un rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra, a través del FASEE, gestionado por la SEPI. El importe se dividió en 19 millones en préstamo ordinario y 34 millones en préstamo participativo.
La decisión del Gobierno español fue ampliamente criticada por la oposición (PP, Vox y Ciudadanos), que argumentaban que Plus Ultra no era viable, ni estratégica, y ya presentaba pérdidas estructurales previas a la pandemia. Además, Ciudadanos denunció que la aerolínea había recurrido a un préstamo simulado desde Panamá para cumplir requisitos de solvencia. El rescate fue incluso denunciado ante el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en El Confidencial la pasada semana apuntaba a la implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el polémico rescate de la aerolínea controlada por empresarios venezolanos.
Ahora la europarlamentaria del PP considera que este caso “podría vulnerar varios principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea, incluyendo la normativa sobre ayudas de Estado, el Estado de Derecho y la lucha contra el fraude y la corrupción”.
En dos preguntas parlamentarias presentadas ante el Ejecutivo comunitario, Montserrat denuncia que “diversas informaciones apuntan a una posible manipulación política” en la concesión de fondos públicos a Plus Ultra, calificándola de “empresa estratégica” “sin cumplir los criterios objetivos habituales”. Asimismo, destaca el papel de Rodríguez Zapatero y su supuesta mediación ante el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos para favorecer la concesión.
“La Comisión debe aclarar si esta ayuda pública cumple con los artículos 107 y 108 del TFUE, dado que la empresa beneficiaria tiene una posición marginal en el mercado nacional”, señala Montserrat en su primera pregunta. Además, insta a examinar si la intervención política vulneró los principios de imparcialidad administrativa, transparencia, objetividad y no discriminación, ya que otras empresas con mayor impacto económico fueron excluidas del proceso.
En su segunda iniciativa, Montserrat solicita a la Comisión que reclame una auditoría específica del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el funcionamiento del FASEE y, en concreto, sobre el caso Plus Ultra, en virtud del artículo 287 del TFUE y los Reglamentos (UE) 2021/241 y 2020/2223. La eurodiputada plantea si este caso “podría constituir una infracción de la normativa europea en materia de lucha contra el fraude y la corrupción”, vinculada al uso de fondos del Plan Nacional de Recuperación.
“Las informaciones que están saliendo a la luz sobre la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero en el rescate a Plus Ultra no solo son alarmantes, sino que confirman un entramado de intereses opacos que existen desde hace años con el régimen de Nicolás Maduro. Es muy llamativo que quien ha actuado como defensor internacional de una dictadura responsable de la represión, el éxodo y el empobrecimiento de millones de venezolanos, haya tenido una influencia directa en la concesión de 53 millones de euros de dinero público a una aerolínea con conexiones con el chavismo”, ha planteado.
Montserrat considera que se trata de un caso de posible uso indebido de fondos públicos europeos, y que debe esclarecerse si se han vulnerado las normas que rigen la gestión del dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el interés financiero de la Unión Europea.
“Los ciudadanos europeos merecen garantías de que los fondos europeos se usan con transparencia y legalidad, y no como instrumento de favores políticos”, ha declarado Montserrat. “Es imprescindible una auditoría independiente y rigurosa sobre este caso para proteger la confianza en las instituciones y en los mecanismos de recuperación”, ha dicho.
