La Comisión Europea ha aprobado, de conformidad con las normas de la UE sobre ayudas estatales, una ayuda francesa de reestructuración por un total de 167,8 millones de euros para la aerolínea Corsair. La ayuda consiste en una condonación de 80 millones de euros de préstamos aprobados por la Comisión en diciembre de 2020 y 87,8 millones de euros de financiación adicional. La aprobación está sujeta a condiciones.
La Comisión aprobó 106,7 millones de euros en ayudas de reestructuración para Corsair en diciembre de 2020, de conformidad con las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. Esto incluía 80 millones de euros en préstamos. Ese mismo día, la Comisión también aprobó 30,2 millones de euros en ayudas compensatorias para Corsair por los daños sufridos entre el 17 de marzo y el 30 de junio de 2020 como consecuencia de las medidas de confinamiento y las restricciones de viaje relacionadas con el brote de coronavirus.
En septiembre de 2023, Francia informó a la Comisión de su intención de modificar el plan de reestructuración inicialmente aprobado por esta. Las autoridades francesas explicaron que el plan de negocio que lo sustentaba se basaba en hipótesis que ya no se confirmaban, y que acontecimientos externos excepcionales e imprevisibles tuvieron un impacto especialmente desfavorable en Corsair. Como resultado, la aerolínea se enfrentaba a graves dificultades financieras.
El 5 de febrero de 2024, la Comisión abrió una investigación exhaustiva para evaluar si la modificación del plan de reestructuración de Corsair propuesta por Francia se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales.
Evaluación de la Comisión
La Comisión evaluó la medida con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales, en particular las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración. La evaluación se centró en si (i) Corsair había aportado una contribución propia genuina y suficiente a la reestructuración, libre de ayudas estatales; (ii) el plan de reestructuración podía restablecer la viabilidad a largo plazo de Corsair; (iii) existían medidas compensatorias adecuadas; y (iv) la medida contribuía al desarrollo de una actividad o área económica.
Tras la investigación y el reembolso con intereses de la ayuda estatal concedida entre 2021 y 2022, la Comisión considera que el plan de reestructuración revisado, junto con contribuciones propias adicionales, hipótesis de viabilidad actualizadas y medidas compensatorias adecuadas, aborda eficazmente las preocupaciones detectadas durante la investigación y garantiza el restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de Corsair al final del período de reestructuración. Sobre esta base, la Comisión concluyó que la ayuda de reestructuración de 167,8 millones de euros que Francia pretende conceder a Corsair es compatible con el mercado interior, sujeta a una serie de condiciones diseñadas para limitar los efectos distorsionadores de la ayuda sobre la competencia, como la reducción de las rotaciones de vuelos y la liberación de franjas horarias.
Sobre esta base, la Comisión aprobó la medida francesa con arreglo a las normas de la UE sobre ayudas estatales.
Antecedentes
Corsair es una aerolínea francesa con sede en el aeropuerto de París-Orly e inscrita en el Registro Mercantil de Pointe-à-Pitre (Guadalupe). Corsair presta servicios principalmente a las regiones ultraperiféricas francesas del Caribe (Martinica, Guayana Francesa) y África (Reunión, Mayotte).
La normativa de la UE sobre ayudas estatales, en concreto las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración, permite a los Estados miembros apoyar a empresas en crisis bajo ciertas condiciones estrictas. La ayuda de salvamento puede concederse por un periodo máximo de seis meses. Transcurrido este plazo, la ayuda debe ser reembolsada o los Estados miembros deben notificar un plan de reestructuración a la Comisión para su evaluación con arreglo a la normativa sobre ayudas estatales. Para que se apruebe la ayuda de reestructuración, el plan debe garantizar que la viabilidad de la empresa pueda restablecerse sin necesidad de apoyo estatal continuo, que la empresa contribuya suficientemente a los costes de su reestructuración y que las distorsiones de la competencia generadas por la ayuda se aborden mediante medidas compensatorias, que pueden ser estructurales o de comportamiento.
