El Consejo de ministros ha aprobado los criterios para determinar la ubicación de la sede de la futura Agencia Espacial Española, procedimiento iniciado de forma urgente el pasado mes de septiembre. Estos criterios han sido previamente convalidados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
El Real Decreto 209/2022 aprobó el 22 de marzo el procedimiento para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal y creó la Comisión consultiva para la determinación de las nuevas sedes, presidida por la ministra de Política Territorial, con el objetivo de hacer efectivos los principios constitucionales y del ordenamiento jurídico de desconcentración funcional y territorial, eficacia y eficiencia.
Plazos
El procedimiento establece que la comisión consultiva elaborará el informe con los criterios para determinar la ubicación física de la nueva entidad. Cumpliendo con este mandato, la Comisión se reunió el 29 de septiembre y aprobó los criterios de determinación de la futura sede de la Agencia Espacial Española, siguiendo una tramitación de carácter urgente.
La publicación de los criterios en el Boletín Oficial del Estado se ha producido este miércoles y las comunidades autónomas y entidades locales dispondrán de un mes para presentar sus candidaturas. La determinación de la sede se realizará atendiendo a los principios recogidos en el artículo 103.1 de la Constitución Española y a los fijados en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como a los de vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de actividad.
Se valorará que las candidaturas presenten un informe de la comunidad autónoma apoyando su idoneidad y, en el caso de que una comunidad presente más de una candidatura, el orden de preferencia.
La administración que presente una candidatura podrá ofrecer los compromisos indicados en el real decreto que establece el procedimiento: cesión de inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado y sus familiares o cualquier otro que considere. La Comisión valorará también la presentación de un análisis del impacto económico, social e industrial y las sinergias generadas con ecosistemas de emprendimiento, innovación e investigación.
Se valorará que la localidad que albergue la sede física de la AEE cuente con acceso a medios de transporte aéreos y terrestres, a poca distancia de un aeropuerto con conexiones a destinos internacionales relacionados con la actividad del personal, un entorno hotelero que permita visitas institucionales, sector empresarial, administrativo, educativo y universitario dinámico en las proximidades para la integración social y desarrollo familiar del personal, empresas relacionadas con el sector espacial, iniciativas públicas que desarrollen un ecosistema empresarial en el sector y grupos de investigación en este campo.
Se valorará también un análisis del impacto económico, social, industrial, y las sinergias generadas con los ecosistemas de emprendimiento, innovación e investigación en el ámbito espacial y un análisis del mercado inmobiliario de alquiler y adquisición que permita la movilidad de los empleados.
La creación de la Agencia Espacial Española aparece reconocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. También se incluye en el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Aeroespacial, coordinado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Con la puesta en marcha de la Agencia, España se igualará al resto de países de nuestro entorno que cuentan con figuras y organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el ámbito del espacio.
Tramitación de las candidaturas
La tramitación se realizará desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y, finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se solicitará informe a los ministerios de adscripción y a las instituciones que puedan contribuir a conformar la decisión en la elección.
La Comisión consultiva elaborará un dictamen, que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero que cumplan con los criterios establecidos, que remitirá para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y elevará al Consejo de Ministros, que adoptará su decisión mediante acuerdo que se publicará en el BOE en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión elaborará un dictamen, previa consulta al Ministerio de adscripción de la Agencia, analizando las posibles sedes y lo remitirá al Consejo de ministros, que adoptará el acuerdo y se publicará en el BOE en el plazo máximo de tres meses desde el inicio del procedimiento.
Al enunciar los principios que deben regir en el funcionamiento de la administración pública, la Constitución resalta los de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación. El principio de desconcentración se recoge asimismo a Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La desconcentración de las nuevas sedes del sector público institucional estatal se llevará a cabo a través de un procedimiento objetivo, transparente y competitivo.
Se trata de ‘compartir Estado’ con un proceso que ayudará a vertebrar y equilibrar las instituciones estatales y a la dinamización del territorio, fortalecer la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.
Está acreditado el papel beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos. Efectos positivos que se verán reforzados con un procedimiento de elección racionalizado, con criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia dentro de un proceso objetivo y competitivo.
