El próximo miércoles se inicia en Madrid el juicio contra 133 controladores aéreos acusados de abandono de servicio público por la huelga que provocó el cierre del espacio aéreo español los días 3 y 4 de diciembre de 2010. La mayoría de los encausados ha pactado acuerdos con la Fiscalía para la reducción de multas, según ha sabido la agencia Europa Press.
Los aeropuertos españoles vivieron aquellos días en vísperas del puente de la Constitución de 2010 un caos que desembocó en la declaración por parte del Gobierno del estado de alarma y la militarización de los servicios de control aéreo.
El Gobierno culpó entonces del conflicto a los controladores aéreos y más de 400 profesionales fueron encausados por sedición en los tribunales. En los años transcurridos desde entonces, una veintena de juzgados han ido archivando una por una las causas que pesaban sobre los controladores aéreos.
Según la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), “jueces y fiscales han descrito en sus autos y escritos de archivo un escenario muy distinto al que trasladó a la opinión pública el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Fomento, José Blanco, arrojando luz sobre las verdaderas causas del conflicto: una política errática y un conjunto de decisiones normativas que en realidad encaminaban a los aeropuertos hacia un estrangulamiento de los servicios de control aéreo por errores de planificación y grave insolvencia en la gestión del Ministerio de Fomento, deliberadamente ocultada ante los ciudadanos”, señala el sindicato de controladores..
Un total de 119 controladores aéreos de los 133 que serán juzgados el próximo miércoles, según Europa Press, han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid para lograr una reducción de las multas. De los 133 acusados, siete afrontan una multa de 75.000 euros como representantes entonces de la dirección de USCA y de esos siete, seis han pactado un acuerdo que se dará a conocer en el juicio. Solo César Cabo, que fuera portavoz del colectivo en aquellas fechas, se ha negado a pactar con la Fiscalía.
