La Comisión Europea ha aprobado un plan croata de 45,4 millones de euros para apoyar al sector de la aviación civil afectado por la crisis del coronavirus. Además, ha dado luz verde al plan rumano de 4,3 millones de euros para apoyar a los operadores aeroportuarios de este país ante las vicisitudes ocasionadas durante la pandemia.
Así, ambas ayudas fueron aprobadas bajo el Marco Temporal de Ayudas Estatales, aunque en el caso de Croacia tomará la forma de préstamos con tasas de interés subsidiadas proporcionadas por el Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura del país, y en el caso de Rumanía el apoyo público adoptará la forma de subvenciones directas.
El sector aéreo croata sufrió importantes pérdidas operativas y experimentó una fuerte caída en el tráfico y la rentabilidad durante la pandemia. La finalidad de la medida es apoyar la actividad de los beneficiarios y su recuperación económica y viabilidad estructural.
La Comisión constató que el régimen croata se ajusta a las condiciones establecidas en el marco temporal. En particular, el vencimiento de los préstamos está limitado a seis años; el importe de los préstamos se corresponde con el nivel previsto en el Marco Temporal; los préstamos se relacionan con necesidades de capital de trabajo; y los contratos de préstamo se firmarán a más tardar el 30 de junio de 2022.
Por tanto, la Comisión llegó a la conclusión de que el régimen es necesario, adecuado y proporcionado para remediar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro.
Ayuda rumana
La medida adoptada por el gobierno de Rumanía está abierta a los operadores aeroportuarios que gestionan los aeropuertos Bacău, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava y el Aeropuerto Internacional de Timisoara. El plan tiene como objetivo cubrir las pérdidas en las que incurrieron entre enero y junio de 2022 y ayudarlos a continuar con sus actividades durante y después de la pandemia.
La Comisión constató que el régimen rumano se ajusta a las condiciones establecidas en el marco temporal. En particular, la ayuda no superará los 2,3 millones de euros por beneficiario; y se otorgará a más tardar el 30 de junio de 2022. La Comisión concluyó que la medida es necesaria, apropiada y proporcionada para remediar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro.
