Bruselas – El Consejo de Ministros de Transporte de la UE ha impulsado un conjunto de reglas comunes en el ámbito de la aviación civil dirigidas a fortalecer la seguridad y la eficiencia del sistema de aviación europeo, lo que deberá culminar con la aprobación de un reglamento comunitario en el primer semestre de 2017.
El objetivo fundamental de la propuesta de la Comisión es garantizar que el sistema mantenga los niveles récord de seguridad en el transporte aéreo alcanzados en la Unión Europea, en un contexto de incremento de tráfico, que puede alcanzar el 50% durante los próximos 20 años, favoreciendo así el desarrollo seguro del sector en el ámbito comunitario.
La propuesta también aborda los desafíos a los que se enfrentan las autoridades nacionales para llevar a cabo sus responsabilidades en materia de supervisión y certificación, introduciendo un sistema más flexible que permita utilizar de forma más eficiente los recursos limitados, proponiendo un marco para la puesta en común y el intercambio de recursos técnicos entre las autoridades nacionales y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).
Adicionalmente, este nuevo marco normativo comprenderá las medidas necesarias para regular la seguridad de las actividades desarrolladas con drones y promover una industria europea competitiva en este sector emergente; una medida que permitirá disponer en el ámbito comunitario de una ordenación global en la materia.
En este campo, España cuenta desde hace más de dos años con una regulación que ha permitido crecer al sector. Además, se está trabajando en una nueva regulación más amplia y que pueda satisfacer más requisitos solicitados por el sector.
El Consejo también ha valorado la adopción en el seno de la 39 Asamblea de la OACI del primer “Acuerdo Internacional para la Reducción de Emisiones de CO2 en la Aviación”, que supone la limitación del crecimiento de emisiones del conjunto de la aviación mundial a partir de 2020. De esta manera, desde esta fecha, aquellas compañías aéreas que superen las emisiones asignadas deberán adquirir derechos de emisión equivalentes de otra compañía o establecer determinadas iniciativas compensatorias.
España ha desempeñado un papel muy activo en su consecución. Como es un acuerdo que comenzará a aplicarse a partir de 2021, España ha defendido en el Consejo la necesidad de prorrogar hasta entonces el actual Reglamento 421/2014 (conocido como iniciativa “Stop the clock II”), que exime a los vuelos desde y hacia las regiones ultraperiféricas, como Canarias, de cumplir con la Directiva europea de comercio de emisiones (conocida como Directiva ETS).
