Málaga.- El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de un avión, un helicóptero y otros cuantiosos bienes del exteniente de alcalde del GIL, Pedro Román, por un alcance contable en los fondos municipales de 108,3 millones de euros por el que fue condenado junto a otros ex responsables municipales.
Según anunció ayer el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que da la razón al Ayuntamiento y que ordena el embargo preventivo de 41 fincas y otros bienes del exteniente de alcalde del GIL.
“Es un avance muy importante porque supone una garantía de cobro para cuando se resuelva el recurso de apelación y demuestra que el Ayuntamiento de Marbella continúa con su trabajo asegurando, se tarde lo que tarde, la recuperación de los bienes que salieron ilícitamente del municipio”, ha valorado.
El portavoz municipal ha destacado el importante trabajo municipal “de investigación y jurídico para intentar desentrañar la maraña de sociedades creada para intentar diluir el patrimonio al que podía acudir para resarcirse al Ayuntamiento”. Hasta que se resuelva el procedimiento, por tanto, tiene prohibición de disponer de las fincas y los bienes.
Romero recordó que el Tribunal de Cuentas dictó en abril de 2011 una sentencia que condenaba de manera solidaria a exresponsables de los gobiernos municipales del GIL, entre ellos a Pedro Román, por un desvío injustificado de los fondos públicos de 66,506 millones de euros de principal y 41,833 millones de euros de intereses.
La sentencia se encuentra actualmente en apelación y desde el Ayuntamiento “estamos tratando de evitar que se pierdan bienes asegurando que el resultado del procedimiento sea efectivo y pueda traducirse en una recuperación de los bienes que se han perdido”, añadió.
En la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana se dio cuenta igualmente de que la Audiencia Nacional ha fijado fecha para la celebración del juicio oral por el llamado ‘caso Saqueo II’, derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del GIL entre los años 1991 y 1999. En concreto, se celebrará del 18 al 24 de abril.
El portavoz del Equipo de Gobierno recordó que en la investigación se detectaron “irregularidades importantísimas” sobre la defraudación a la Seguridad Social de todos los miembros de los consejos de administración y, especialmente, sobre la facturación de proyectos falsos al Ayuntamiento por parte de las sociedades de Carlos Monteverde.
“Para nosotros es muy importante que la Justicia vaya cumpliendo con su obligación y que se pueda resarcir al municipio”, precisó Romero, quien recordó que el llamado ‘caso Saqueo II’ es uno “de los más antiguos de los que se han tramitado por el llamado saqueo de las arcas municipales”.
