Madrid.- La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el informe de la Dirección General de Aviación Civil, en funciones de órgano de Supervisión, contra la modificación de las prestaciones patrimoniales públicas aeroportuarias para el año 2013.
“Con ello no sólo pretendemos encontrar el camino de lo previsto por la Directiva Comunitaria y por la Ley de Seguridad Aérea, sino el punto de equilibrio en el que se conciten los intereses de todos los partícipes en la cadena de valor del transporte aéreo, que sigue rompiéndose por su eslabón más débil, y que lo hace por tensiones que le son ajenas”, dice ALA en un comunicado.
La propuesta de incremento de las Tasas Aeroportuarias que presenta el Gobierno en su Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, según ALA, supone de hecho el cierre de un Proceso de Consulta, que en nuestra opinión se ha desarrollado con un cúmulo de anomalías e irregularidades, si tenemos en cuenta lo que se establece en la Directiva Comunitaria 2009/12 CE y en la propia Ley de Seguridad 1/2011, que la traspone al Derecho Español.
“No se han respetado conceptos clave como los de Transparencia, Equivalencia, Negociación y Arbitraje a los que se refiere la Directiva, no se han cumplido los plazos a los que se refiere la Ley de Seguridad Aérea, y tampoco se ha cumplido el criterio de incremento máximo permitido sobre el ejercicio anterior. En nuestra opinión no ha habido voluntad para integrar los esfuerzos, quizás por urgencias que no se corresponden tanto a la coyuntura del transporte aéreo, como a las estrategias de futuro que se plantean para el Gestor Aeroportuario”, añade la Asociación.
“ALA ha venido exponiendo sus consideraciones ante Aena, ante la Dirección General de Aviación Civil y ante la Comisión Europea y lo ha hecho también a otros sectores sociales y políticos, entendiendo que el incremento desproporcionado de las Tasas Aeroportuarias , tiene un efecto demoledor sobre la economía de las compañías aéreas y como consecuencia sobre su actividad en los aeropuertos españoles, con los efectos colaterales que ello tiene para la economía general y para el turismo en particular”.
“Hemos planteado nuestras alternativas sobre la introducción de eficiencias en los procesos productivos, sobre la revisión de los plazos de amortización de las infraestructuras, sobre la mejora de ingresos por el cobro de operaciones actualmente excluidas. Hemos planteado opciones, oportunidades y costes de la alternativa, sin que hasta la fecha se hayan tomado en cuenta, a la espera de lo que se considere en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por el Parlamento”, concluye su comunicado.
