Madrid.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer la propuesta del Ministerio de Fomento al consejo de administración de Aena Aeropuertos de renunciar a la celebración del concurso de concesión de la explotación de los servicios aeroportuarios en Madrid y Barcelona.
Pastor justificó esta decisión en “el cambio de orientación del nuevo modelo de gestión”. Durante una rueda de prensa, la ministra señaló que “el concurso de las concesiones pretendía favorecer la competencia entre ambos aeropuertos, cuando en realidad el objetivo debe ser fortalecer a ambos y a todos, para que compitan a nivel mundial’, explicó.
Esta razón se suma al hecho, según Pastor, de que ‘las condiciones actuales de los mercados son claramente desfavorables y desaconsejan la continuidad del proceso, pues podría provocar que se redujera el número de ofertas competitivas e incluso el precio a ofertar por ambas concesiones’. Algo, ha añadido, que ‘supondría un deterioro de imagen y una pérdida de valor de nuestros activos que sería irrecuperable para siempre’.
“La visión estratégica no se vería favorecida ni potenciada si se sigue adelante con el actual proceso de concesiones privadas de los dos principales aeropuertos de la red, Madrid- Barajas y Barcelona el Prat”, agregó la ministra.
Termina así bruscamente un proceso de privatización iniciado la pasada primavera por el anterior Gobierno socialista que dividía Aena en sus dos actividades: Aeropuertos Españoles por un lado y Navegación Aérea, por otro. En esta segunda actividad se liberalizaban los servicios de tránsito aéreo con el sistema AFIS en 6 aeropuertos y el control de torre en otros 13 aeropuertos. El pasado mes de octubre se resolvió el concurso para la prestación del servicio de control en estas últimas.
En cuanto a los aeropuertos, el Gobierno prometía dar entrada de hasta un 49% de capital privado en la creda sociedad Aena Aeropuertos S. A. que empezó su actividad el pasado 8 de junio. Una semana después constituía las sociedades concesionarias de los aeropuertos Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat y dos semanas más tarde autorizaba la licitación del 90,05% del capital de dichas concesionarias.
Para finales de noviembre, coincidiendo prácticamente con las elecciones generales, se fijó la fecha de adjudicación del 90,05% de cada una de esas sociedades concesionarias. Los concesionarios dispondrían del derecho de explotación de los activos aeroportuarios y no aeroportuarios. Sus ingresos provendrían de las tarifas y contraprestaciones por la gestión y explotación de los espacios y servicios aeroportuarios y los ingresos comerciales y de la actividad inmobiliaria.
Ambos contratos durarían 20 años prorrogables por cinco años más. Los concesionarios se subrogarían en la posición de Aena con respecto a los trabajadores de la plantilla adscrita a cada aeropuertos y debería respetar los acuerdos laborales suscritos por la entidad pública y los sindicatos que entraña una vigencia hasta el 1 de enero de 2019.
Los concesionarios abonarían un pago inicial como mínimo de 3.700 millones de euros en el caso de Barajas y de 1.600 millones en el caso de El Prat y un canon anual equivalente al 20% de facturación del aeropuerto con una cantidad mínima garantizada que para este año 2012 sería de 150 millones en el caso de Barajas y de 80 millones en el caso de El Prat.
Aunque el entonces ministro de Fomento, José Blanco, anunció que “había muchísimas empresas interesadas” por hacerse con la gestión de los dos principales aeropuertos españoles, dentro del plazo sólo siete consorcios se aprestaron a conocer la documentación de la operación.
Tanto los expertos económicos como aeronáuticos y las propias empresas en principio interesadas hicieron saber al Gobierno que “las cuentas no salían” y que era imposible llevar a cabo el concurso en esas condiciones. Diversas firmas consultoras, algunas de ellas multinacionales, asesoraron a Aena y al Ministerio, mediante abultados contratos, a valorar los activos y a formalizar el proceso de traspaso de responsabilidades. El titular de Fomento y portavoz del Gobierno hizo pública ostentación de no dar su brazo a torcer. Era al comienzo del pasado mes de octubre. Escasas fechas después, a punto de vencer el plazo de presentación de ofertas y ante la dificultad de encontrar licitantes, el Gobierno decidió prorrogar por tres meses el plazo de presentación de ofertas que vencía el 31 de octubre. Se corría seriamente el riesgo de declarar el concurso desierto por ausencia de licitantes con el consiguiente descrédito internacional. Tres meses después, el nuevo Gobierno ha decidido anular tal concurso y replantear la cuestión.