Castellón.- La Generalitat valenciana, a través de la sociedad pública Aerocas, ha dejado sin efecto el acuerdo de novación modificativa de la gestión del aeropuerto de Castellón, firmado el 23 de marzo con Globalvía, accionista mayoritaria de la sociedad gestora de dicha infraestructura.
Según la Generalitat, ha adoptado esta decisión “por responsabilidad, garantizando la eficiencia del servicio que prestará la futura conexión aérea y asumiendo el menor impacto posible para las arcas públicas, con el fin de ahorrar, entre gastos de construcción y gestión, más de 30 millones de euros en 8 años”. La suspensión del acuerdo “es producto del endurecimiento de las condiciones financieras exigidas por los bancos a Globalvía”, tal como anunció el viernes pasado.
Aerocas está trabajando en una nueva fórmula de gestión sin Globalvía, mucho más económica, que se basará en la contratación de un operador acreditado (Aena u otros), siguiendo el modelo del aeropuerto de Murcia.
Globalvía, participada al 50% por Bankia y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), dispone del 60% de Concesiones Aeroportuarias, sociedad gestora del aeropuerto de Castellón, aún sin tráfico aéreo.
La oposición en el consistorio provincial castellonense ya ha reclamado del presidente de Aerocas, Carlos Fabra, y del director de la promotora del aeropuerto, Juan García Salas, explicaciones sobre la situación actual tras la ruptura con Globalvía.
El aeropuerto de Castellón es fruto de la inversión pública de la Generalitat y de la inversión privada de la concesionaria Globalvía. Las entidades bancarias que financian a la concesionaria habían endurecido sus condiciones, hasta solicitar un beneficio después de impuestos igual a 0 euros en cada año de explotación. Todos los estudios económicos indicaban que en los primeros años de arranque del proyecto, como en cualquier proyecto de nuevo cuño, esa exigencia era de difícil cumplimiento, y representaba en los próximos 8 años un coste añadido de gestión de otros 21 millones de euros a las previsiones inicialmente fijadas de 29 millones de euros.
Ante la nuevas condiciones, Globalvía trasladó a Aerocas las exigencias de los bancos, a la vista de las cuales se ha optado por una decisión responsable, dentro de las políticas de austeridad y contención del gasto público del Consell, de no asumir el sobreprecio y buscar otra vía de gestión, según la Generalitat.
Actualmente se está produciendo el traslado de la plantilla de Aerocas desde sus oficinas en Castellón a su nueva ubicación en el propio aeropuerto, que comienza así a acoger a los primeros trabajadores que velarán por el funcionamiento y por la gestión de la infraestructura.
Por lo que respecta a la apertura al tráfico aéreo del aeropuerto de Castellón, según la Generalitat, se llevará a cabo tan pronto como sea posible, en cumplimiento de los plazos establecidos por las últimas modificaciones legales, y tras la preceptiva autorización del Ministerio de Fomento a través del órgano competente, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que tiene que supervisar las instalaciones terminadas y en perfecto estado de funcionamiento antes de expedir su certificación, tal y como sucede en cualquier aeródromo del mundo.
Las obras y los permisos han estado condicionados por los últimos cambios normativos, en particular el Decreto 862/2009 por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de los aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos competencia del Estado; así como el Decreto Ley 1/2010 que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, establece las obligaciones de proveedores civiles de dichos servicios y fija determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.
