Madrid.- Un año después de que el Consejo de Ministros decretara el cierre del espacio aéreo español, la militarización de las torres de control y el estado de alarma, más de 1.300 de los 2.400 controladores aéreos han presentado una querella criminal contra el presidente y cuatro directivos de Aena que ocupaban esos cargos en aquellas fechas.
Además del presidente de Aena, la querella presentada va dirigida contra la ex directora de Navegación Aérea, el director de Recursos Humanos, el director adjunto y el director de Operaciones ATM de Navegación Aérea. No se excluyen en dicha acción las responsabilidades en que pudieran haber incurrido en los hechos objeto de la querella los ministros de Fomento, Interior y Defensa: José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón.
Hace meses, un grupo de controladores dirigió diversos correos a los responsables de su colectivo en los que se anunciaban sus pretensiones: “Apreciados Delegados, se requiere vuestra colaboración para difundir en vuestra dependencia la siguiente información y coordinar el otorgamiento de poder que más abajo se indica. Existe la iniciativa de emprender una acción individual consistente en la interposición de una querella criminal por presuntos delito de revelación de secretos, contra los trabajadores, falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales públicos y cuantos otros puedan ser objeto de investigación en la instrucción contra: Juan Ignacio Lema, Carmen Librero Pintado, Salvador Merino Moina, Enrique Gonzalez Díez, Andrés Torrecilla Ripoll, así como los que se puedan derivar de la instrucción.
En la misiva se concretaba: “Los controladores aéreos interesados en participar en la misma deben otorgar un poder para pleitos ante notario en los siguientes términos: Los poderes se otorgan a favor de los profesionales…” y se daban los nombre de procuradores y abogados. Se añadía el tipo de poder a otorgar: “poder general para pleitos y especial para interponer querella criminal por presuntos delitos…” Y se detallaban los enunciados anteriormente.
Los citados correos indicaban la dirección física donde debían remitirse por mensajero esos poderes y se establecía que “la totalidad de los poderes a nivel nacional tienen que estar formalizados antes del día 11 de noviembre. El coste económico del poder será sufragado por cada controlador”. Y se aclaraba: “es una acción abierta a todos los miembros del colectivo de controladores aéreos”. Concluyendo: “Si tienes cualquier duda o aclaración, dirígete al representante de tu grupo en el Comité Ejecutivo”.
