Estamos inmersos en el proceso de implantación de un nuevo sistema aeroportuario precisamente en plena campaña electoral para los comicios del 20-N. Es cierto, que según la Ley, ésta no comenzará oficialmente hasta el 4 de noviembre, pero la verdad es que desde el pasado 29 de julio, en que el presidente del Gobierno anunció la próxima disolución de las Cortes y puso fecha concreta para los comicios generales, en la práctica ya todo es campaña y nada se hace sino en función electoral.
Claro que hasta el día 27 de este mes de septiembre no está prevista la publicación en el BOE de la convocatoria oficial de elecciones generales para cumplir con la letra de la Ley y la fecha anunciada para su celebración. Pero ¿no está en el “espíritu” del texto legal que ya el propio anuncio oficial del presidente del Gobierno fijando la fecha de los comicios constituye en sí misma una convocatoria en toda regla poniendo en marcha la campaña electoral y excitando el celo y la ubicuidad de los candidatos?
Y si la Ley prohíbe “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”, ¿qué decir de algo tan importante para la nación, tan noticiable y mediático como la implantación de un nuevo sistema aeroportuario y de navegación aérea con los intereses y oportunidades económicas que el mismo, sin duda, suscita?
El actual Gobierno ha iniciado en los pasados meses un proceso urgente denominado de “modernización del sistema aeroportuario español”, cuyo calendario de ejecución -hecho público justamente dos semanas antes del anuncio de la convocatoria electoral- coincide en sus fases decisivas de licitación, presentación de ofertas, evaluación y selección de la propuesta más ventajosa y la formalización de contratos no sólo con la campaña electoral, sino con un Gobierno en funciones, plenamente en retirada.
Un procedimiento tan complejo y de tanta trascendencia para el país, como éste de la introducción de un nuevo modelo aeroportuario y de navegación aérea, ¿debe llevarse a cabo tan apresuradamente y en medio de un proceso electoral cuyo desenlace, según todos los indicios actuales, puede suponer un cambio de signo político en la dirección de la nación? ¿No debería paralizarse por respeto, al menos, al veredicto de las urnas y a la voluntad de los ciudadanos? ¿Puede hipotecar el Gobierno saliente a su sucesor? ¿Tiene derecho aquél a condicionar al nuevo Gabinete que emerja tras las elecciones todo su período de dirección en materias tan importantes, más aún, cuando previsiblemente éste no comparta los términos de las contrataciones y prefiera otro modelo de gestión aeroportuaria y de navegación aérea? ¿Debe firmar un Ejecutivo en funciones los contratos de concesión de la gestión de los dos mayores aeropuertos de España por un periodo nada menos que de 20 años y un importe inicial total de 5.300 millones de euros? ¿Y la privatización del 49% de Aena Aeropuertos y de las torres de control? ¿Por qué tantas prisas?
