Madrid.- El Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha remitido a la Fiscalía General del Estado un expediente sobre Ryanair en el que le insta a actuar contra la aerolínea por prácticas ”abusivas” y contrarias al Plan Nacional de Seguridad Aérea al exigir el DNI a menores de edad para su embarque, según publicó ayer el diario madrileño “El País”.
La legislación española permite que los menores de 14 años que viajen acompañados acrediten su identidad presentando el libro de familia. No obliga a que tengan DNI. Ryanair, sin embargo, sí se lo exige. Un sistema que, según Consumo, ha provocado que decenas de niños, y sus familias, hayan perdido los vuelos que ya tenían contratados.
Etelvina Andreu, directora del Instituto Nacional de Consumo, asegura que esa práctica de la aerolínea irlandesa es «absolutamente ilegal». Y su exigencia no incluye solo a los menores, aunque estos son los más afectados, porque muchos aún no tienen DNI. El Plan Nacional de Seguridad Aérea -de obligado cumplimiento para todas las compañías que operan en España, incluida Ryanair- reconoce como documentación válida para los vuelos nacionales los documentos de identidad expedidos en cualquier país de la UE, el pasaporte, el carné de conducir español y el permiso de residencia en España o alguno de los Estados Schengen. Pero no todos estos documentos son válidos para Ryanair.
La aerolínea ignora las críticas. «Ryanair es una compañía irlandesa, y nuestros términos y condiciones informan al pasajero claramente de que todos deben tener un documento de identidad válido y con fotografía», dice un portavoz por correo electrónico. Eso excluye el libro de familia. A Consumo no le sirve la respuesta. «Esa cláusula no puede existir. Ni esa compañía ni otra pueden fijar la documentación necesaria para viajar desde España. Eso ya está regulado», argumenta su directora. «El marcar la casilla de ‘yo acepto’ no da derecho a la compañía a incluir cláusulas abusivas e ilegales. Y esa lo es», añade.
El Gobierno ha recibido, según detalla el documento enviado a la fiscalía, notificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre esa práctica. A eso se suman las continuas reclamaciones de los viajeros. Todo eso, argumentan, «aconsejan el ejercicio de una posible acción de cesación».
No es la primera vez que el asunto se judicializa. Hace unos meses un juzgado de lo Mercantil de Barcelona condenó a la aerolínea a pagar a una familia catalana casi 1.500 euros por impedir el embarque de su hijo de tres años por no tener DNI. A Ryanair no le pareció suficiente el libro de familia. El juez falló dando la razón a la familia afectada. La compañía aérea ha recurrido.
