Madrid.- El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes pedir la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar la participación de fuerzas españolas en las operaciones para la resolución de la crisis de Libia, en aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hasta que finalice la operación «Unified Protector» de la OTAN.
El acuerdo delega en la ministra de Defensa la realización de los trámites de solicitud de autorización oportunos, así como el desarrollo operativo de esta prórroga. La entidad máxima de efectivos a desplegar, incluidos los representantes en Cuarteles Generales, es de 500 efectivos.
España aporta en la actualidad cuatro aviones cazas F-18, dos aviones de reabastecimiento en vuelo para el mantenimiento de la zona de exclusión aérea y un avión de vigilancia marítima así como una fragata y un submarino para contribuir al embargo de armas y mercenarios a Libia.
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional de 2005, el Consejo de Ministros acordó el 18 de marzo de este año, solicitar la autorización o, en su caso, la ratificación del Congreso de los Diputados para la participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis de Libia, y autorizar el uso de bases militares españolas por las fuerzas extranjeras que actúen al amparo de las citadas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ante la gravedad de la situación, el día 19 de marzo se produjo el despliegue inmediato de algunos de los recursos militares españoles previstos en el Acuerdo del Consejo de Ministros mencionado.
El presidente del Gobierno, en virtud de lo establecido en el citado artículo 17.3, de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, compareció ante el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 22 de marzo para solicitar la ratificación del Congreso de la participación de fuerzas españolas en la resolución de la crisis de Libia, ratificación que fue concedida con una muy amplia mayoría.
En esta comparecencia se comunicó el despliegue y participación de las unidades españolas en el marco de la crisis de Libia, y se dispuso un período de vigencia inicial de un mes para las unidades participantes en las operaciones de Zona de Exclusión Aérea y de tres meses para las participantes en las operaciones de embargo, que podrían prorrogarse en ambos casos si las circunstancias así lo aconsejasen. Estos aspectos fueron recogidos en un posterior Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de marzo.
Una vez iniciadas las operaciones, y a la vista de la evolución de la situación, mediante un nuevo Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de abril se sometió al Congreso la autorización de prórroga de la participación de las fuerzas españolas asignadas a las operaciones de la zona de exclusión aérea por dos meses más.
La OTAN acordó formalmente el pasado 1 de junio, en la reunión del Consejo del Atlántico Norte, prorrogar otros noventa días la operación «Unified Protector» a partir del 27 de junio. Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este acuerdo para prorrogar la participación española en las operaciones de la OTAN para la resolución de la crisis de Libia.
