Madrid.- Los ingenieros han tardado en movilizarse contra el proyecto de Ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno y que, tras la supresión del visado, acaba con la colegiación obligatoria, la reserva de actividad y las distintas especialidades de la ingeniería.
Cuatro meses después de que este diario digital “Actualidad Aeroespacial” publicara a partir del 18 de octubre de 2010 las consecuencias del último borrador que en aquel entonces estudiaba el Gobierno, los presidentes del Instituto de la Ingeniería de España, de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros y de la Real Academia de la Ingeniería, “han despertado” y han remitido una carta al presidente del Gobierno y otros altos representantes del Estado, en la que expresan su rechazo y preocupación sobre dicho anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, que, según ellos, “de aprobarse, causaría un grave perjuicio a la sociedad”.
Esta semana el presidente del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel Acero, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía y, en especial, a sus compañeros ingenieros para que “se adhieran a la carta enviada al presidente del Gobierno”.
Lo cierto es que el Gobierno no lo debe tener tampoco muy claro cuando ha empezado por incumplir la propia ley impulsada por el mismo. En efecto, La denominada “Ley ómnibus”, es decir, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2009 y en vigor desde cuatro días después, obligaba al Gobierno a remitir a las Cortes en el año 2010 el Proyecto de Ley conocida como “de Servicios Profesionales”, lo que el Consejo de ministros que preside Rodríguez Zapatero aún no ha cumplido.
En su disposición transitoria cuarta, la Ley ómnibus mandata al Ejecutivo a que “en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas”. Pasado más de mes y medio del plazo ordenado por la Ley, el Consejo de Ministros no lo ha remitido a las Cortes Generales.
El Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales anunciada en la disposición transitoria cuarta de la “Ley ómnibus” y adelantado hace ahora cuatro meses por este diario digital, además de acabar con la colegiación obligatoria, aborda una “profunda reforma de la ingeniería” que acaba con las especialidades y cualificaciones entre ingenieros, una especie de ”barra libre” de la ingeniería, sin apellidos, sin atributos ni atribuciones.
“Se trata -concluye el borrador sobre el Anteproyecto de Ley- de un modelo donde cualquier ingeniero está habilitado para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades, partiendo de que todos los titulados en ingeniería comparten un núcleo común de conocimientos suficiente para habilitarles a realizar todas las funciones que tienen los ingenieros, sin alterar el modelo académico vigente”.
