Madrid.- El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, después de acabar con el visado profesional obligatorio, se dispone ahora a liquidar la obligatoriedad de la colegiación, la reserva de actividad y, en suma, suprimir la ingeniería aeronáutica como especialidad profesional cualificada con sus propias y específicas atribuciones.
Así se desprende de uno de los últimos borradores sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales que maneja el Gobierno desde el pasado verano y al que ha tenido acceso este diario digital. En fechas sucesivas iremos desmenuzando dicho borrador en sus conclusiones más importantes.
El Consejo de Ministros del 27 de marzo de 2009, “para llevar a cabo una correcta transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios)”, aprobó el Proyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios, que meses más tarde se convirtió en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, más conocida como “Ley Paraguas”. Un mes después, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, denominada popularmente como “Ley ómnibus”.
Con estas leyes, el Gobierno manifestó su intención de “dinamizar el sector servicios y promover la creación de empleo, introduciendo más competencia en un sector que representa dos tercios del PIB y del empleo en España. Estas nuevas normas permitirán abrir el sector servicios español al mercado único europeo y avanzar en la terciarización de nuestra economía gracias a la creación de un entorno más favorable y transparente para el desarrollo de las actividades de servicios en España, que generará ganancias en eficiencia, productividad y empleo, y un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para los ciudadanos y las empresas”. Pero no se quedaba ahí; el Ejecutivo, asimismo, indicaba su pretensión de “introducir, además, una reforma ambiciosa del sector, mas allá de la mera aplicación de la norma comunitaria, lo que supondrá un verdadero cambio en la cultura regulatoria en nuestro país”.
Esa “ambiciosa reforma del sector” se inaugura con la entrada en vigor de la “Ley ómnibus” que en su disposición transitoria tercera establece la desaparición casi total de la exigencia del visado colegial -lo que entró en vigor el pasado día 1- y en su disposición transitoria cuarta establece que antes de finalizar este año el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación.
Por si ambas imposiciones legales -la desaparición de la exigencia de visado y de la colegiación obligatoria, es decir, la eliminación de ingresos por visados y cuotas, únicas fuentes de ingresos de muchas de estas corporaciones- no fueran suficientes para finiquitar por asfixia económica la existencia de la mayoría de lo colegios profesionales, el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales anunciada en la disposición transitoria cuarta de la “Ley ómnibus”, que próximamente estudiará el Consejo de Ministros antes de aprobar su remisión a las Cortes Generales, promueve también una “profunda reforma de la ingeniería” que acaba con las especialidades y cualificaciones entre ingenieros, una especie de ”barra libre” de la ingeniería, sin apellidos, sin atributos ni atribuciones.
“Se trata -concluye el borrador sobre el Anteproyecto de Ley- de un modelo donde cualquier ingeniero está habilitado para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades, partiendo de que todos los titulados en ingeniería comparten un núcleo común de conocimientos suficiente para habilitarles a realizar todas las funciones que tienen los ingenieros, sin alterar el modelo académico vigente”.
