El pasado 27 de enero, ocho días antes de las últimas elecciones para la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) -es decir, en plena campaña electoral-, la candidatura de Felipe Navío, que luego resultó vencedora, proclamaba su “Decálogo de actuaciones en 100 días”.
“Si somos elegidos por nuestros compañeros, en los 100 primeros días propondremos las siguientes actuaciones: Primero. Auditoría de la situación económica real del Colegio y Asociación”. Así empezaban los solemnes compromisos que Navío y los miembros de su candidatura contrajeron con sus compañeros colegiados a quienes remitieron por correo electrónico su famoso “Decálogo” con el que se sometieron al veredicto colegial en las pasadas elecciones para la Junta Directiva. A finales del pasado mes de junio, ya como decano, Navío ratificaba públicamente su compromiso de dar a conocer el informe de auditoría a todos los colegiados antes del verano. “Pacta sunt servanda”, que se dice en Derecho desde tiempos de los romanos. Las promesas son una especie de contratos que obligan y comprometen a su cumplimiento. Por lo menos, entre hombres de palabra.
Cierto es que las auditorías las carga el diablo. Las revisiones de la contabilidad gestionada por otros siempre encontrarán fallos más o menos justificables. Las “auditorías de infarto” suelen ser armas electorales o amenazas que, de llevarlas a cabo, generalmente acaban sumergidas en el cajón del olvido, por si acaso, no sea que algún día se puedan volver contra el que las encarga. Hace falta, pues, coraje y lo que hay que tener para cumplir lo prometido y, una vez realizadas, darlas a conocer porque, entre otras cosas, para eso se encargaron, se han llevado a cabo y se habrán pagado. Y, sobre todo, porque, si hubiera indicios racionales de irregularidad, la ley obliga a denunciarlos, máxime tratándose de una Corporación de Derecho Público: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción”, establece el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La promesa de Navío y su candidatura podría enmarcarse, como una más, en el ardor de una campaña electoral; prácticamente, como todos las que sus predecesores aspirantes habrían hecho y prácticamente ninguno ha cumplido. Su antecesor, cesado en el cargo, Antonio Martín Carrillo, también lo hizo. En el número 196 de “Aeronáuticos”, correspondiente al mes de noviembre de 2007, Martín Carrillo anunció: “se está terminando una auditoria económica externa de las cuentas del COIAE, realizada con un rigor y un nivel de detalle sin precedentes”.
Decía el desaparecido Tierno Galván, con su tono cínico y zumbón, que las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. Pero estos candidatos colegiales de enero de 2010 prometieron y, luego, convertidos por elección en la actual Junta Directiva, han cumplido. En una reciente entrevista a Felipe Navío en “Aeronáuticos”, el entrevistador confesaba en el pórtico de la misma: “nos encontramos con un Decano orgulloso de cumplir las promesas de su campaña”. La auditoría, en efecto, se encargó, se ha realizado por un profesional externo e independiente y se ha entregado a la Junta Directiva, que ha distribuido copias de la misma a cada uno de sus miembros y a los responsables de las distintas delegaciones de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España (AIAE). Antes del verano, en la aludida entrevista, el decano Navío prometía darla a conocer a todos los colegiados. Como era de esperar, ya circulan por ahí, de mano en mano, o escaneados de e-mail en e-mail, los treinta y tantos folios de que consta el “Informe de revisión de la contabilidad de los ejercicios 2008 y 2009 del COIAE”. Y a quienes no les han enviado el texto les habrán llegado este verano noticias de su contenido. Sobre todo, a aquellos que pueden sentirse concernidos por las responsabilidades. Corre como la pólvora y es que, según algunos de los que lo han leído, “es verdaderamente explosivo”.
Se avecina un otoño caliente. Aún sin conocer el contenido de dicho informe, cundió el pasado verano la situación de alerta en determinados sectores colegiales. Hay posibles aludidos que se sienten incómodos y desasosegados ante el mero anuncio y promesa del decano Navío de dar a conocer a todos los colegiados antes del verano los resultados de la auditoría económica del Colegio en los últimos años. También han reaccionado los más directamente responsables de la anterior gestión económica colegial, alguno de ellos, según cuentan en la institución, ya han reclamado conocer previamente el informe para presentar alegaciones.
Pero la inmensa mayoría de los colegiados -que son sin duda los verdaderamente afectados por cuanto se diga o deje de decir y en cuyo nombre y representación se ha encargado la revisión de la contabilidad colegial-, arde en deseos de conocer la auditoría por explosiva que ésta sea o por apestoso que resulte el hedor que pueda desprender su lectura. No en vano se ha pagado con sus fondos y afecta a la gestión de su común patrimonio. El informe se ha encargado por la Junta Directiva pero en representación de todos los colegiados y todos tienen el mismo derecho que sus directivos a conocer la auditoría y decidir sobre la misma. Si el Colegio fuera una cooperativa o una sociedad mercantil, los administradores de hecho o de derecho que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información o control de la actividad social serían objeto de sanción penal, según el artículo 293 de nuestro Código Penal.
Estamos, pues, ante la disyuntiva de cumplir o no la legislación vigente. Pero también ante la exigencia de ejercer la autoridad que ha sido conferida por representación, de ejecutar la palabra dada y empeñada, de hacer realidad las promesas y compromisos adquiridos ante el colectivo de colegiados, que tienen, además, el mismo derecho que sus compañeros elegidos para el órgano de gobierno de su Colegio a conocer el informe de auditoría y al mismo tiempo que ellos. “Por un Colegio y Asociación de todos” fue el lema de la campaña electoral de esta Junta Directiva. “Estamos haciendo un Colegio más transparente, democrático y para todos”, ponía en boca de Felipe Navío la revista “Aeronáuticos” hace sólo dos meses en el titular de su entrevista en el número anterior al verano.
El privilegio que ha tenido cada uno de los miembros de la Junta Directiva -y, por ende, los miembros de la Directiva anterior, puesto que cinco de ellos son comunes y, en el presente caso, algunos, íntimos amigos del ex máximo responsable- de conocer el contenido del informe antes que el resto de sus compañeros colegiados a quienes representan no debe incrementarse con trámites de audiencia y alegaciones a los concernidos en el mismo. La Junta Directiva no es juez, sino parte, como el resto de sus compañeros. Esto no es un juicio. Otra cosa muy distinta y en paralelo es que algunos de los muchos conocedores ya del contenido del informe promuevan las acciones judiciales que estimen oportunas. De hecho nos consta que la propia Junta Directiva del COIAE está dispuesta a someter a su asesoría jurídica la oportunidad de emprender tales acciones contra los presuntos responsables de las supuestas irregularidades que se deducen del informe de revisión de la contabilidad colegial.
Pero el informe en sí mismo no acusa per se. No es una instrucción sumarial ni un proceso judicial ni una investigación del Ministerio Fiscal. En todo caso, eso, si se produce, irá por otros cauces distintos. El informe de revisión contable es una información, una fotografía o radiografía de la contabilidad oficial del Colegio que la Junta Directiva encarga a un profesional externo competente. Evidentemente, también es el retrato de un personaje y de su modo de hacer y gestionar los fondos comunes que, como mal dijo aquella, “no son de nadie”. Lo que sí que habrá que hacer es pedir, exigir y dar explicaciones de todo lo que el informe revela como supuestamente irregular contablemente, anómalo y perjudicial para la economía y el patrimonio común del Colegio y de todos los colegiados. Y ese momento es el de la Junta General extraordinaria que deba convocarse al efecto junto con el informe de auditoría para que todos los colegiados y afectados lo conozcan con el debido tiempo y preparen las preguntas que tengan, las explicaciones que puedan dar o las decisiones a tomar en consecuencia. Al fin y al cabo, fue la Junta General del COIAE la que aprobó las cuentas de los años 2008 y 2009 presentadas por sus gestores de entonces y ahora cuestionadas por el informe de revisión externa de la contabilidad oficial.
“Claridad y transparencia” fue otro de los lemas de campaña de la nueva Junta Directiva. Es decir, las cuentas claras. Se han pasado ya más de 200 días desde que el actual órgano del gobierno colegial se hiciera cargo de su gestión como delegado de la Junta General, órgano supremo y soberano de decisión, a la que se prometió dar a conocer los resultados del informe de auditoría antes del verano. Pues, eso. Que ella conozca y luego decida.
