Madrid.- El Tribunal de Cuentas estima necesaria una regulación específica de los medios públicos para desplazamientos de las autoridades, usados por razón de seguridad con ocasión de las campañas electorales, según se recoge en su Informe de gastos de los partidos políticos en las últimas elecciones europeas dirigido al Congreso de los Diputados y al que ha tenido acceso este diario digital.
“En relación con la utilización de medios públicos para desplazamientos de las autoridades de las Administraciones Públicas, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, el artículo 130 de la LOREG considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, sin que esté regulado el sistema de imputación de estos otros costes a las campañas electorales, y en concreto en los casos en que los citados desplazamientos puedan coincidir, además, con otros actos institucionales ajenos al proceso electoral”, dice el Infome.
“En consecuencia, a fin de despejar posibles incertidumbres que se pudieran suscitar desde la perspectiva del control sobre este tipo de costes, se estima necesario establecer una regulación específica”, añade el Tribunal de Cuentas, que concluye: “en relación con la utilización de medios públicos para desplazamientos de las autoridades de las Administraciones Públicas, usados por razones de seguridad, así como de otros medios privados, con ocasión de su participación en las campañas electorales, dado que el artículo 130 de la LOREG considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, se recomienda su regulación en los términos descritos en el informe.
“La Ley Electoral considera únicamente gastos electorales los realizados por el partido, sin que esté regulado el sistema de imputación de estos otros costes a las campañas electorales, y en concreto en los casos en que los citados desplazamientos puedan coincidir, además, con otros actos institucionales ajenos al proceso electoral», añade el Informe del Tribunal.
En el caso del uso del Falcon de la Fuerza Aérea Española, no hay constancia pues el PSOE no declara esos gastos al considerar que se trata de utilización de recursos públicos en razón del cargo que se ostenta, máxime cuando se habla del presidente del Gobierno de la nación.
José Antonio Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario socialista, justificó ayer el uso por parte del presidente del Gobierno del avión oficial durante las campañas electorales. «El presidente tiene unas exigencias indudables en materia de seguridad y representatividad de su propio país que le conducen a utilizar medios oficiales de transporte cuando tiene que hacerlo, como hace cualquier otro mandatario europeo», dijo Alonso en el Congreso de los Diputados.