Madrid.- Vuelve el tráfico aéreo a la normalidad y crecen las reclamaciones de las compañías aéreas en demanda de indemnización por las pérdidas sufridas por el cierre de los aeropuertos europeos y, en general, las restricciones del tráfico aéreo.
Los directivos de las aerolíneas exigen a sus respectivos gobiernos indemnizaciones por esta semana de caos en que se vio envuelto el tráfico aéreo, lo que para algunos ha sido uno de los peores, si no el peor de los conocidos tras la Segunda Guerra Mundial.
El ministro de Fomento, José Blanco, cree que las indemnizaciones por los perjuicios económicos ocasionados como consecuencia de la suspensión de los vuelos en Europa deben llegar no sólo a las aerolíneas, sino también al turismo, que «ha sufrido un impacto directo».
Blanco anunció ayer que presentará a la Comisión Europea y al Consejo de Transporte de la UE un proyecto para que Europa dé respuestas únicas ante situaciones de emergencia aérea, como la de la nube de cenizas volcánicas que paralizó el tráfico de aviones en el continente.
El ministro indicó que se elabora la propuesta que se presentará a la Comisión Europea, que ayer comentó a ministros de Reino Unido, de Alemania, de Francia y de Bélgica y que, según informó, ha compartido también con el comisario europeo de Transporte, Siim Kallas.
Blanco sostiene que la UE «se ha enfrentado a algo nuevo» para lo cual se trabajó con un protocolo de 1982, no actualizado y sin base científica.
Pero, además del impacto económico en las compañías aéreas y en los agentes turísticos, también habría que contemplar las pérdidas ocasionadas en los aeropuertos y, sobre todo, en los pasajeros. Millones de éstos han vagado desesperados por los aeródromos de medio mundo esperando una solución. Según la normativa comunitaria, si un vuelo de una aerolínea europea es cancelado, el pasajero tiene derecho a que se le devuelva el dinero o que le reubique en otro vuelo. Si decide ser reubicado, la ley exige a la aerolínea que corra con los gastos del pasajero, como hotel y comidas, siempre que sean razonables. Las compañías aéreas reclaman también cambios legislativos.
