Madrid.- Los miembros de la Real Academia de Ingeniería, “preocupados por los negativos efectos que previsiblemente se derivarían de un equivocado desarrollo de la Ley ómnibus tanto para la Ingeniería como para España y sus ciudadanos”, piden “que se proceda con la debida reflexión y prudencia y en real y efectiva defensa de los intereses de todos”.
“El visado de proyectos de Ingeniería y Arquitectura constituye una buena garantía para los consumidores y usuarios no sólo en aquellos casos en que existe una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y la seguridad de las personas, así como la preservación del medio ambiente, sino también para asegurar los debidos requisitos de calidad. Y todo ello implicando un impacto en el coste total de los proyectos inapreciable, en todos los casos.
Olvidar que los vigentes procedimientos se establecieron en España tras bien conocidas catástrofes de deplorables consecuencias sería abrir las puertas a otras similares.
Aunque sería posible pensar en otros esquemas que mantuviesen tales garantías, sería necesario que, previa y cuidadosamente, se revisasen –y redefiniesen, si fuese procedente– las definiciones de atribuciones y la concesión de licencias para el ejercicio profesional y su relación con las titulaciones.
La colegiación es también componente relevante de la citada seguridad y de la defensa de los intereses profesionales y de otros ciudadanos. Resultaría paradójico que la defensa de unos y otros tuviera que seguir cauces distintos según la decisión de cada profesional, o que aparejase para los Colegios profesionales la carga de intervenir incluso en casos en los que no hubiese tenido participación alguna.
La mera sugerencia de baremos orientativos, al no ser de obligado cumplimiento, no puede calificarse como un obstáculo a la competencia; y resulta más objetiva que la indicación, en los casos de visado preceptivo, de que su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio”.