Madrid.- El Congreso de los Diputados dio luz verde a la tramitación del proyecto de modificación de la Ley de Navegación Aérea al rechazar las enmiendas de totalidad presentadas.
Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Fomento, reconoce el derecho a las personas afectadas por el entorno aeroportuario a ser resarcidos por los daños y perjuicios que se les ocasionen como consecuencia de la navegación aérea y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo.
El objetivo del Gobierno es establecer un marco jurídico claro que fije las obligaciones objetivas y precisas del Estado en materia de calidad acústica, compatible con la protección de los ciudadanos que viven en el entorno aeroportuario, respetando su intimidad domiciliaria y su integridad física y moral.
Este proyecto adapta la Ley de Navegación Aérea a la más reciente normativa internacional y comunitaria en esta materia, y responde a la doctrina marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la 35º asamblea de la OACI.
Con objeto de lograr un justo equilibrio entre los derechos de estas personas y los intereses de la economía nacional, según este proyecto de Ley, el Estado estará obligado en los aeropuertos de su competencia:
a) A garantizar que en las poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad acústica fijados en la normativa estatal.
b) A aprobar planes de acción que incluyan las correspondientes medidas correctoras. Estas garantizarán los objetivos de calidad acústica que, conforme a la normativa estatal, sean aplicables al espacio interior de las edificaciones.
c) La Autoridad aeronáutica competente y al gestor aeroportuario estarán obligados a hacer una evaluación continuada del impacto ocasionado por la infraestructura a las poblaciones circundantes, a vigilar y sancionar los incumplimientos que se pudieran producir y, en general, a instar o adoptar las medidas necesarias para compatibilizar una explotación eficiente de la infraestructura aeroportuaria con los derechos de los dueños u ocupantes de los bienes subyacentes.
El proyecto da un plazo de seis meses al Estado para que en las grandes infraestructuras –las que registren más de 250.000 movimiento al año- se aprueben las correspondientes servidumbres acústicas y se atiendan los derechos afectados por la operación de los vuelos.
