Madrid.- El Ministerio de Fomento suspende por tres años el derecho de los controladores a obtener la famosa licencia especial retribuida (LER) y, en consecuencia no se producirá ninguna nueva incorporación, según recoge el Real Decreto-Ley aprobado y publicado en el BOE el pasado viernes, que también cambia las horas extra.
En virtud de dicha LER, los controladores “podían dejar de trabajar una vez cumplidos los cincuenta y dos años de edad y continuar percibiendo el salario ordinario fijo hasta alcanzar la edad de jubilación, sin que dicho privilegio esté condicionado a las necesidades del servicio, ni sujeto a la conformidad del empleador”, a decir del citado texto legislativo ahora en vigor.
“La negación de nuevas incorporaciones a tan singular situación durante el plazo de tres años resulta del todo imprescindible para que Aena pueda seguir disponiendo de un número suficiente de controladores para cumplir con sus obligaciones como proveedor de estos servicios, entretanto concluye el proceso de reforma dirigido a la apertura de la prestación de servicios de navegación aérea a nuevos proveedores certificados. Es más, de no impedirse temporalmente la salida de los controladores de Aena hacia la referida situación de licencia especial retribuida, se pondría en grave riesgo la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios de tránsito aéreo y con ella la viabilidad del conjunto de las medidas que se establecen en el presente real decreto-ley.
Por otra parte, el Real Decreto-ley publicado el pasado viernes, cambia las horas extra de los controladores. Y así, dice: “Aena ha reconocido que los elevados costes de navegación aérea se deben fundamentalmente a los costes de personal. Obedecen a la obligación de abonar como horas «de ampliación laboral», cuyo valor es de 2,65 veces el de la hora ordinaria, un montante de horas que, si bien forma parte de su jornada habitual, están formalmente configuradas como de libre aceptación por los controladores en una serie de pactos extraestatutarios suscritos por Aena con ellos, horas que ni han sido incorporadas al convenio colectivo, ni han sido autorizadas con arreglo a lo previsto en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año”.
“Por convenio colectivo, los controladores al servicio de Aena tan sólo están obligados a realizar 1.200 horas ordinarias de trabajo, que son claramente insuficientes para la dimensión de nuestro sistema de navegación aérea. El resto de horas necesarias para garantizar la continuidad en la prestación del servicio, con una media de 600 horas por controlador, se realizan de forma habitual y de manera programada por los propios controladores con tres meses de antelación, de tal forma que, en la práctica, trabajan unas 1.800 horas de media, de las cuales entre un treinta y tres y un cincuenta por ciento son de descanso”.
“Las citadas 600 horas tienen artificialmente la condición de voluntarias y se abonan irregularmente a precio mucho más alto del previsto en el Estatuto de los Trabajadores para las horas extraordinarias, lo que es la causa principal del encarecimiento desmedido del coste del servicio. Pues bien, con la finalidad igualmente de asegurar la sostenibilidad y la continuidad en la prestación de los referidos servicios, se establece que todos los empleados públicos que desempeñan funciones de control de tránsito aéreo al servicio de Aena deben realizar de manera inexcusable la jornada necesaria para garantizar dicha continuidad y sostenibilidad. A estos efectos, se dispone que la jornada máxima necesaria es la media de la efectivamente realizada por los controladores de tránsito aéreo al servicio de Aena durante el año 2009, que, como se ha indicado, ascendió, incluido el tiempo de descanso durante la jornada y las guardias localizadas, a 1.750 horas”.
Según el ministro de Fomento, José Blanco, el Decreto-ley respeta el Estatuto de los Trabajadores, puesto que éste establece un máximo de 80 horas extras al año, algo que no se corresponde con las 600 horas que realizan los controladores «a precio de oro», dijo en un acto del PSOE celebrado el pasado fin de semana en León.
«No hay derecho a esto y por eso tomamos decisiones», agregó Blanco quien ha calificado dicha iniciativa como una medida «tomada por responsabilidad». Asimismo, destacó que «es una decisión compartida por la sociedad» y ha agradecido las muestras de apoyo de los grupos políticos y de las asociaciones sectoriales. Por ello, ha pedido a los grupos del Congreso que respalden la medida por «justicia y equidad», para hacer viable el control aéreo y repercutir en las tasas esta rebaja para que todos los ciudadanos se beneficien.
