Madrid.- El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano consultivo del Gobierno, decidió presentar en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional una denuncia contra los propietarios de Air Comet Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.
Ante el comportamiento irresponsable de Air Comet con sus pasajeros, el CCU, presidido por Francisca Sauquillo, reunido en un Pleno al que han asistido la directora general de Consumo, Etelvina Andreu, y una representación de la Dirección General Aviación Civil, han decidido, además, que Asociaciones de Consumidores, miembros del Consejo, prestarán la colaboración solicitada por el Ministerio de Fomento en materia de asesoramiento jurídico a los afectados.
Por otra parte, todas las organizaciones miembros del Consejo y el propio CCU, tienen previsto publicar en sus respectivas páginas web un argumentario, sobre las cuestiones que en estos primeros momentos más pueden interesar a los afectados por el cierre de Air Comet.
Las asociaciones denunciantes alegan que Air Comet «ha estado vendiendo, tanto a través de sus oficinas, como de una red de agencias concertadas y por comercio electrónico, al menos hasta el día 18 y en época de máximo tránsito, pasajes aéreos a los usuarios, recibiendo por ello el correspondiente precio, con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones». Por ello, consideran que estos hechos podrían ser constitutivos de los delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 22 precisa que el Gobierno determinará la composición y funciones de un Consejo, como órgano de representación y consulta a nivel nacional, integrado por representantes de asociaciones de consumidores y usuarios.
En cumplimiento de este mandato, así como del contenido en la disposición final cuarta de la Ley 26/1984, de 19 de julio, el Consejo de Consumidores y usuarios se reguló por primera vez por: el Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre derecho de representación, consulta y participación de los consumidores y usuarios a través de sus asociaciones, configura el Consejo de Consumidores y Usuarios cuya estructura y funcionamiento han sido posteriormente modificados por Real Decreto 2211/1995, de 28 de diciembre y por Real Decreto 1203/2002, de 20 de noviembre.
