Madrid.- Facua-Consumidores en Acción ha dirigido un escrito al Ministerio de Fomento en el que le reclama que garantice la cohesión territorial y la movilidad entre la Península y las comunidades autónomas insulares así como con las ciudades autónomas a través de la declaración de la obligación de servicio público para las conexiones aéreas con estos territorios y la definición de su alcance y contenido.
La organización explica que esta petición se basa en la dependencia que existe de este tipo de transporte en las comunicaciones con estos territorios extrapeninsulares.
En su escrito, la asociación recoge las reivindicaciones que ya presentó el pasado mes de julio tras la aprobación en la Comisión de Fomento del Congreso de la Proposición no de Ley (PNL) relativa a la obligación de servicio público al transporte aéreo Canarias-Península. Dicha normativa proponía estudiar las rutas y frecuencias entre la Península y dicho territorios que debían ser establecidas como servicio público, adoptar medidas para garantizar un precio razonable en estas rutas e implantar una tarifa plana en los casos de precios desmesurados y fuera del alcance de la mayoría de la población.
Sin embargo, “ninguna de estas propuestas ha sido estudiada o llevada a cabo, y mientras tanto, se ha vuelto a apostar por mantener subvenciones, que se han modificado al alza, para los vuelos de los residentes, que tan sólo es una parte de quienes requieren de la movilidad entre la Península y los territorios extrapeninsulares”, explica Facua, que señala que sigue recibiendo quejas de colectivos de consumidores afectados por la situación y muy particularmente de la asociación Canarios sin alas, conformada por personas con familias y origen en esta comunidad autónoma que residen fuera de ella.
La asociación recuerda que circular por el territorio estatal es un derecho de la ciudadanía recogido por la Constitución, en su artículo 19 y que este derecho debe ser garantizado por el Estado, de acuerdo al artículo 138.1 de la misma norma.
Facua insiste en que las actuaciones y decisiones en materia de transporte dentro del Estado no deben sólo asegurar la accesibilidad turística, sino garantizar la movilidad dentro del territorio. Aunque la regulación comunitaria establece para las compañías aéreas con licencia para operar en un Estado miembro de la UE la libertad para prestar servicios aéreos y para fijar sus tarifas, también permite a los Estados restringir parcialmente estas libertades mediante la imposición de lo que se denomina obligaciones de servicio público, definidas como "cualquier obligación impuesta a los servicios aéreos regulares entre un aeropuerto de la Comunidad y otro que sirva a una región periférica o en desarrollo, o en una ruta de baja densidad cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico y social de la región".
Esta obligación sólo se impondrá cuando sea necesario garantizar unos servicios que cumplan determinados requisitos en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial. En este sentido, la asociación considera que es necesario una mayor intervención de la Administración Pública en aras de velar por la correcta conectividad entre los archipiélagos y las ciudades autónomas con la Península, después de que el modelo seguido hasta ahora para garantizar la cohesión territorial, esto es, la subvención parcial de los vuelos para la ciudadanía residente en territorios extrapeninsulares, es claramente insuficiente, por excluir a una gran parte de población que necesita de la movilidad a dichas zonas y no puede beneficiarse de los descuentes.
Además, concluye la asociación, “este sistema ha favorecido hasta ahora el incremento de precios de los billetes aéreos a estos territorios tanto para residentes como para no residentes, aunque de manera especialmente pronunciada para estos últimos”.
