Madrid.- El Consejo de Ministros ha acordado este viernes remitir al Consejo de Estado para su preceptivo dictamen el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha presentado al Gabinete un informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que es consecuencia de la transposición a derecho interno de la Directiva Comunitaria del 2016.
La finalidad de este Anteproyecto es la recogida y tratamiento de los Datos PNR, tanto de los pasajeros como de la tripulación y de cualquier otra persona que viaje a bordo de la aeronave, con el objetivo de intercambiarlos con otros Estados miembros, terceros Estados y Europol para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos de terrorismo y delitos graves, incluidos en la Directiva. Los Datos PNR incluyen información personal como son el nombre de los pasajeros, fecha de vuelo, itinerario, asientos, equipaje, información de contacto, agencia, etc., y comprenden todos los vuelos de entrada, salida o que hagan escala en España.
El Anteproyecto recoge que el envío de Datos PNR o el resultado de su tratamiento se realizará utilizando unos formatos determinados y según los protocolos definidos en la normativa europea, garantizándose la protección de datos de carácter personal. La Directiva PNR exige que la encargada de recoger y tratar los datos sea una sola unidad. Por este motivo, en España, se designará la Unidad de Información sobre Pasajeros española, dependiente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Las autoridades competentes para solicitar o recibir Datos PNR serán; la Policía Nacional, la Guardia Civil, la DAVA, los jueces y tribunales el Ministerio Fiscal y las policías autonómicas de Cataluña y del País Vasco.
El objetivo de la Directiva PNR es elevar los niveles de seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. En este sentido, incorpora nuevas herramientas para combatir la amenaza del terrorismo y el crimen organizado y establece un marco jurídico seguro a la hora de tratar los datos de carácter personal.
