Madrid.- El Ministerio de Fomento busca un director general ‘con perfil financiero’, para Enaire, la antigua empresa pública estatal (EPE) Aena, gestora del control del tránsito aéreo, de la información aeronáutica y de las redes de comunicación, navegación y vigilancia aéreas y matriz al 100% -por ahora- de Aena, según ha podido conocer este diario.
El actual secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, que es el presidente de Enaire en virtud de la disposición adicional decimoctava del Real Decreto-ley 8/2014 de 4 de julio, tiene entre sus funciones proponer al consejo de administración de la sociedad estatal el nombramiento de su director general y en ello anda en los últimos tiempos, según ha sabido Actualidad Aeroespacial.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, al parecer, tiene especial interés en que el designado para el puesto tenga un “perfil financiero”. Esta preocupación por el “perfil financiero” del futuro director general de Enaire revela el déficit en el organigrama de esta empresa pública que ya quedó patente el pasado mes de octubre cuando la sociedad propietaria de Aena convocó un concurso para el contrato por un año de un servicio de asesoría financiera por un importe de hasta 97.600 euros.
Hace menos de dos años, el entonces presidente de la EPE Aena y ahora presidente de su filial del mismo nombre y gestora de los aeropuertos españoles, José Manuel Vargas Gómez, se trajo de Vocento como directora financiera del grupo público empresarial a Beatriz Puente Ferreras, quien saltó entonces a la prensa por la convocatoria de un concurso para proveerla de un coche Audi Q 3 mediante renting de hasta 70.422 euros, concurso que acabó siendo anulado por el escándalo suscitado.
Tras la escisión llevada a cabo en la EPE Aena el pasado verano entre Enaire y su filial Aena y al pasar a ser Vargas Gómez presidente sólo de esta última, al parecer, también Puente Ferreras vino a ocupar su cargo de directora financiera sólo de la gestora aeroportuaria quedando, por tanto, vacantes en la empresa matriz las funciones de la directora financiera, dependiente del director general y cuyas principales responsabilidades eran administración y finanzas, relaciones con inversores, planificación financiera y desarrollo corporativo, según explicó en su día su gabinete de Comunicación.
Precisamente, el desdoblamiento de las empresas provocó también que el director de Comunicación, Antonio San José, pasara a Aena y fuera necesario nombrar en septiembre a Félix Madero, para idéntico puesto en Enaire. En medios familiarizados con el proceso no llegan a comprender que fuera más urgente ese nombramiento que el del director general de la empresa responsable, entre otras cosas de la privatización de hasta el 49% del capital de Aena como “agente gestor” de la misma por Acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de julio de 2011.
En este mismo orden de cambios provocados por el desdoblamiento de la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento se encuentra la asesoría jurídica. Resulta que al titular de la misma desde hace más de 20 años, el abogado del Estado Jesús Fernández Rodríguez, que era además secretario no consejero del consejo de administración de Aena, pasó hace aproximadamente un año a Navegación Aérea por decisión del presidente Vargas, quien asumió esa responsabilidad, nombrando como adjunta de la Asesoría Jurídica a Almudena Salvadores García, quien figura desde el pasado 17 de septiembre como secretaria no consejera del consejo de administración de la nueva Aena.
Se da la circunstancia de que en el nuevo consejo de administración de Aena constituido el pasado 17 de octubre aparece como consejero el secretario general de Enaire, Jesús Fernández Rodríguez, antiguo asesor jurídico y secretario no consejero de Aena.
Todo este galimatías empresarial, organizativo y semántico provocado por la separación de las dos misiones de la antigua Aena -la gestión aeroportuaria, por un lado y el control del tránsito aéreo por otro- iniciado hace ahora cuatro años con el Real Decreto- ley 13/2010, de 3 de diciembre del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y consumado con otro Real Decreto-ley, el 8/2014, de 4 de julio, del actual Ejecutivo de Mariano Rajoy, reserva a la empresa que únicamente gestiona los aeropuertos la denominación Aena que, como todo el mundo sabe, es la sigla correspondiente a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, funciones ahora disociadas y correspondientes a dos sociedades distintas, la filial y la matriz, respectivamente.
