Santa Cruz de Tenerife.- El Gobierno de Canarias, en su reunión del pasado viernes, autorizó a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del Estado del requerimiento que formuló ese departamento autonómico, en relación al proceso privatizador de Aena.
En concreto, el Gobierno de Canarias requirió al Estado el acuerdo íntegro del Consejo de Ministros adoptado el 11 de julio de 2014, relativo al inicio de los trámites para el proceso de venta del capital social de Aena y la entrada de capital privado en la misma, con el fin de solicitar a su vez la exclusión de todos los aeropuertos canarios de interés general ubicados en el territorio de Canarias.
Considerando que el requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara, conforme a lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; el Gobierno de Canarias ha acordado entender rechazada su solicitud, por silencio administrativo. De ahí que proceda el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno de España en defensa de los intereses legítimos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El Gobierno de Canarias, que en numerosas ocasiones ha criticado la falta de transparencia del procedimiento empleado para la privatización, recuerda que considera que ésta no se ajusta a la legalidad, puesto que el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 33.13, establece que la gestión de los aeropuertos de interés general es una competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma, siempre que el Estado no se reserve su gestión directa.
En este sentido, el consejero de Obras Públicas envió el pasado mes de septiembre una solicitud al secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Enaire, para que incluyese la advertencia a los "inversores de referencia" de que la Comunidad Autónoma se oponía frontalmente a esta privatización. De hecho, lo que le comunicó fue el acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias, que entendió que se vulnera una Ley Orgánica como es el Estatuto de Autonomía de Canarias, por lo que mandató a sus servicios jurídicos a que impugnaran todos y cada uno de los pasos que diesen el Consejo de Ministros, el Ministerio de Fomento, Enaire o Aena para privatizar esta última.
Además, el Gobierno canario ha solicitado la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Canarias-Estado, para la transmisión efectiva de la competencia y se ha rechazado su solicitud, por lo que también acudirá a la Audiencia Nacional para obligar a su convocatoria.
Además de estas otras actuaciones, el Gobierno de Canarias ha iniciado ya los trámites previos a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, consistentes en solicitar la convocatoria de una Comisión Bilateral en la que negociar previamente con el Estado aquellos aspectos que se consideran inconstitucionales en su decisión de privatizar Aena. El Estado ya ha notificado a la Comunidad Autónoma que convocará la Comisión en los primeros meses de 2015.
El Gobierno de Canarias se opone a la privatización de Aena porque los aeropuertos son infraestructuras fundamentales y estratégicas para la cohesión territorial y social de Canarias, en una Comunidad Autónoma en la que, además, no existen otras conexiones alternativas y rápidas con el exterior, como pueden ser el ferrocarril o la carretera.